Los próximos meses serán determinantes para el futuro de los denominados acuerdos mega-regionales. La ralentización de la economía y el comercio mundiales ha recrudecido la disputa entre Estados Unidos y China por el predominio en Asia-Pacífico, quienes se encuentran promoviendo la conclusión de distintas iniciativas de integración en la región. De concretarse, estos procesos tendrán un profundo impacto sobre la arquitectura de las relaciones económicas globales en las próximas décadas. Por la dimensión de los actores involucrados, las normas que allí se negocien – de mayor alcance y en áreas hoy no reguladas por la OMC – podrían ser luego multilateralizadas de facto, debiendo ser cumplidas por todos los países del mundo que deseen integrarse a las Cadenas Globales de Valor que hoy marcan el rumbo de los flujos de comercio e inversión.
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La reciente aprobación de la Autoridad para la Promoción del Comercio (TPA) fue visualizada como una señal del compromiso de Estados Unidos con estas negociaciones, renovando las expectativas en una pronta conclusión de los Acuerdos Transpacífico (TPP) y Transatlántico (TTIP). El presidente Barack Obama ha priorizado estos acuerdos, tanto por el potencial que poseen para apuntalar la recuperación del crecimiento y las exportaciones, como para equilibrar la influencia de China.
Los ministros de los 12 países que conforman el TPP – Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, EE.UU. y Vietnam – celebraron una importante ronda negociadora en Hawái, entre los pasados 24 y 27 de julio. Aunque se consiguieron importantes avances, todavía se mantienen algunas diferencias en torno a comercio agrícola, automóviles, propiedad intelectual -patentes de exclusividad de información para medicamentos biológicos– empresas de comercialización estatal y normas de inversión, que deberán salvarse prontamente si se quiere cumplir la meta de arribar a un acuerdo antes de que finalice el año.
Promocionado como un “Acuerdo del Siglo XXI”, las dificultades continúan centrándose en los asuntos del Siglo XX. Uno de los principales escollos es la negativa de ciertos países, entre ellos Canadá, a negociar la apertura en productos lácteos. Con una alta protección de su mercado doméstico, el país del Norte habría ofrecido una cuota para un limitado número de toneladas, rechazada por Nueva Zelanda y EE.UU. principales exportadores de estos productos. Por su parte, Australia presiona por acceso al protegido mercado estadounidense de azúcar; mientras Vietnam, uno de los países con mayor potencial para el incremento en importaciones de carnes y lácteos (OCDE-FAO, 2015), pone reparos por las posibles consecuencias negativas del acuerdo sobre su sector ganadero.
La próxima ronda se celebraría en paralelo a la reunión de APEC, a realizarse el 18 y 19 de noviembre en Filipinas. Se espera que sea en este encuentro donde se resuelva el “limitado número de temas pendientes”. Según el ministro de Comercio de Nueva Zelanda, Tim Groser, ya existe consenso en el 98% del contenido del tratado. Los negociadores pretenden acelerar las tratativas para aprovechar la ventana de oportunidad que se abre este año, previo a las elecciones presidenciales en EE.UU., que dificultarán la toma de definiciones trascendentes durante 2016. El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, se mostró confiado en la firma del acuerdo en 2015. Ante este panorama, países como Corea del Sur e Indonesia anunciaron su intención de unirse a la iniciativa.
Por otro lado, las negociaciones transatlánticas entre EE.UU. y la UE celebraron su décima ronda a mediados de julio en Bruselas, donde además de intercambiar listas de ofertas en servicios, se acercaron posiciones en temas regulatorios. Ignacio García Bercero, negociador jefe de la UE, señaló que las partes han consensuado algunos elementos a lograr bajo el pilar normativo; entre ellos un acuerdo ambicioso en obstáculos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias, y una mejor compatibilidad regulatoria en nueve sectores escogidos, incluyendo automóviles, textiles y farmacéutica.
El objetivo es arribar a un borrador de acuerdo a fin de año, que permita concluir las negociaciones antes de que Obama deje su cargo. En este sentido, durante una reunión en Alemania, líderes del G-7 llamaron a los negociadores del TTIP a acelerar el trabajo. Desde entonces, los legisladores de ambas partes han aprobado legislaciones y resoluciones clave, con las que se espera dar un impulso al proceso negociador. Por el lado europeo, el Parlamento del bloque (PE) aprobó una serie de recomendaciones sobre las disciplinas que el acuerdo debería contener; relacionadas con el mecanismo de solución de diferencias entre inversionista-Estado (ISDS), la exclusión de los servicios públicos, protección de datos relativos a consumidores, salud y seguridad, acceso de los productos europeos a EE.UU., servicios, telecomunicaciones y compras públicas. El PE espera que el acuerdo promueva el comercio sin renunciar a la capacidad de los gobiernos de legislar en función del interés común y prestar servicios básicos como agua, educación y salud. Aunque no vinculante, esta resolución deberá ser tenida en cuenta por la Comisión Europea porque el PE debe dar su visto bueno para la aprobación del tratado.
En productos agrícolas, los parlamentarios europeos abogaron por la protección de indicaciones geográficas y un trato especial para productos sensibles. A pesar de promover el mutuo reconocimiento de estándares equivalentes, señalaron que no habrá acuerdo en áreas donde los estándares sean muy diferentes, como en OGMs, uso de hormonas en carne bovina, y tratamiento de reducción de patógenos en carne de aves de corral.
Remarcando el compromiso de su país con la pronta conclusión del TTIP, Dan Mullaney, negociador jefe de EE.UU., subrayó que se está ante la oportunidad de demostrar que el comercio puede florecer junto a regulaciones más fuertes en materia laboral y ambiental y que la creación de oportunidades no requiere sacrificios en estándares regulatorios.
En respuesta al avance estadounidense, y a la desaceleración de su crecimiento económico, China está presionando para la conclusión de la Asociación Económica Regional Integral (RCEP), que involucra también a las diez economías de la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN), Japón, Corea del Sur, India, Australia y Nueva Zelanda. Además de constituir una herramienta para conservar su influencia en la región más dinámica y populosa del planeta, China pretende con esta iniciativa disputar el liderazgo por la confección de las nuevas reglas globales de comercio.
Durante la última reunión desarrollada el pasado 24 de agosto en Kuala Lumpur, se consiguieron importantes avances, incluidas modalidades para la eliminación de aranceles sobre el 80% de los productos en los próximos 10 años. Los ministros llamaron a redoblar esfuerzos para concluir sustancialmente las negociaciones para finales de año, dejando algunas cuestiones técnicas para resolver tan pronto sea posible en 2016. El acuerdo pretende armonizar la gran cantidad de tratados comerciales bilaterales ya existentes entre los socios. En este sentido, la principal barrera se encuentra en las negociaciones sobre acceso a mercados entre países que no poseen acuerdos entre sí. Aunque China y Japón habrían acordado rebajas arancelarias recíprocas, todavía existen diferencias entre la apertura ofrecida por India y las pretensiones de China, Australia, Nueva Zelanda.La próxima reunión está agendada para los próximos 12 a 16 de octubre en Busan, Corea del Sur.
Las consecuencias de estas iniciativas se harán sentir especialmente en los países que no pertenecen a ninguna de ellas. Los principales competidores de Argentina están negociando mejores condiciones de acceso a los mercados agroindustriales más grandes del mundo. Incluso existe el riesgo de que se negocien nuevas normas y requerimientos globales (sanitarios, ambientales, de calidad o trazabilidad, entre otros) que resulten de difícil cumplimiento para los exportadores que no participaron en su confección. Ante este escenario el Mercosur debe responder con una estrategia de relacionamiento externo agresiva, que evite la discriminación en contra de sus productos. La región todavía está a tiempo de aprovechar su potencial posicionándose en un escenario que ofrece grandes oportunidades para una inserción basada en productos agroindustriales.
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