A principios de noviembre el Tribunal Supremo británico se pronunció a favor de que el Parlamento participe del proceso del Brexit. En este sentido, la Primer Ministro Teresa May no podrá hacer uso de la prerrogativa real para invocar por cuenta propia el Artículo 50 del Tratado de Lisboa -inicio de las negociaciones formales de salida con la UE-, sino que deberá contar con la aprobación del Parlamento para hacerlo.
Al interior de Inglaterra desde el resultado positivo del referéndum del Brexit, se desató un debate acerca de la forma en que se efectivizaría el proceso de salida. Como ya mencionáramos en el Boletín Nº 154 la situación jurídica no estaba clara y los pasos a seguir para presentar la notificación a la UE tampoco estaban definidos. Desde entonces, algunos expertos sostienen que se necesita una ley, mientras que otros aseguran que puede ser realizado por el Primer Ministro ejerciendo la prerrogativa real. En efecto, algunos ciudadanos habían presentado acciones legales para obligar al gobierno a convocar una votación parlamentaria. Y es en respuesta a estas acciones, que se expidió el Tribunal.
Los abogados del gobierno habían argumentado que las prerrogativas eran una forma legítima de dar efecto «a la voluntad del pueblo” que votó a favor de la salida del Reino Unido de la UE, sin necesidad de votación del parlamento.
Sin embargo, el Presidente del Tribunal Supremo, Lord Thomas de Cwmgiedd, declaró que el gobierno no tiene poder bajo la prerrogativa real para activar el artículo 50. Esto es así dado que uno de los principios fundamentales de la Constitución del Reino Unido es que los poderes de Reyes o Reinas no pueden ser utilizados por el gobierno a través de la prerrogativa real para cambiar o suprimir derechos bajo la ley británica, a no ser que el Parlamento le da autoridad para hacerlo.
Asimismo, los jueces que trabajan en el caso encontraron que no existe antecedente de convención constitucional de la prerrogativa real que hubiese sido utilizada en legislación relativa a la UE. Por otro lado, aclararon que permitir al Parlamento una votación sobre el Acuerdo final de Brexit al término de las negociaciones no equivaldría a la aprobación del Parlamento ya que una vez que el artículo 50 se dispara no hay manera de que el Reino Unido no salga de la UE, y al suceder eso las leyes existentes deberán modificarse.
En este sentido, los argumentos esgrimidos por el Tribunal indican que la activación del artículo 50 podría cambiar fundamentalmente los derechos de las personas del Reino Unido y el gobierno no puede cambiar o suprimir derechos bajo la ley del Reino Unido a no ser que el Parlamento le de autoridad para hacerlo.
Lord Thomas aseguró que la decisión tomada por el Tribunal se trata de “una cuestión de puro derecho”, ya que «el Tribunal no se ocupa y no expresó ninguna opinión sobre los méritos de salir de la Unión Europea, que es una cuestión política».
El gobierno, por su parte, asegura que no tiene intención de dejar que la sentencia afecte el inicio del proceso formal de salida de la UE o el calendario que han propuesto. Ya anunciaron la intención de apelar la decisión del Tribunal, sosteniendo que el referéndum fue realizado luego de una votación parlamentaria de seis a uno en la cual se concede la decisión a los británicos.
Al respecto, David Davis, miembro actual del parlamento, sostiene que pese a que los parlamentarios votaron por seis a uno para que el referéndum se llevara a cabo, la sentencia dice que el proyecto de referendo y reuniones de información general, dejaron claro que era consultivo y no obligatorio. Así que, aunque los parlamentarios votaron a favor de la consulta popular, la forma en que estaba redactada no otorga autoridad para activar el artículo 50, en su opinión.
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