En el marco de la reciente publicación del documento de Revisión de las Políticas Agrícolas en Argentina elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con el apoyo de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, la Fundación INAI participó de la Conferencia sobre Políticas Agrícolas Argentinas, organizada por la Universidad del CEMA el día 15 de marzo pasado.
En tal ocasión, se presentaron los principales resultados del trabajo y un panel de expertos discutió las implicancias del mismo. El informe concluye que “la inestabilidad macroeconómica que vive Argentina ha añadido una pesada carga sobre el sector agroalimentario durante gran parte de las dos últimas décadas” (OCDE, 2019).
Cabe destacar que Argentina se encuentra realizando las gestiones necesarias para ingresar a la OCDE desde 2016, cuando se inició un proceso de adecuación legislativa y de toma de medidas específicas que acercaron al país a los exigentes requisitos que impone dicha organización.
Se debe agregar que las veces que ingresaron nuevos miembros se hizo contemplando grupos de países, por lo que podría suceder lo mismo en la situación actual. De esta forma, deberán seguirse los casos de Perú, Brasil, Rumania, Bulgaria y Croacia, los otros candidatos que han solicitado ingresar.
Principales resultados del análisis de la OCDE
El documento hace un repaso de las políticas agrícolas que tuvieron lugar en Argentina en las últimas dos décadas, y entre sus principales hallazgos destaca que pese a un entorno desfavorable, dado por la inestabilidad macroeconómica y el “contexto político complicado, el sector agrícola ha crecido, impulsado originalmente por los altos precios de los productos básicos y, luego, por la innovación en las semillas oleaginosas y granos”.
Asimismo, identifica algunos factores económicos que han restringido significativamente el sector agrícola en los últimos tiempos y representan desafíos a futuro, a saber: las retenciones a las exportaciones, la falta de desarrollo de mercados financieros (difícil acceso al financiamiento) y la escasa inversión en infraestructura. Hace hincapié en el deterioro y la falta de información estadística para algunos años analizados.
Entre las principales temáticas abordadas, se encuentran:
- Apoyo al Productor
El nivel promedio de apoyo al productor en Argentina,expresado como proporción de los ingresos agrícolas brutos (% Estimado de Apoyo al Productor) fue de -14% para 2015-17 y rondó el apoyo negativo de alrededor del 30% durante 2002-15. “El apoyo a los productores negativo es un reflejo de impuestos a las exportaciones sumamente distorsionadores” (OCDE, 2019). Sólo Ucrania, India y Vietnam -y en ciertos períodos de tiempo- presentan un apoyo al productor negativo.
El Estimado de Apoyo al Productor (EAP) en Argentina está formado por la suma de apoyos negativos al precio de mercado (APM) y otros subsidios positivos a los agricultores (productores de tabaco o tasas preferenciales de interés para créditos agrícolas). En el país estos últimos representan una proporción marginal, y el apoyo al precio de mercado es el principal componente del EAP.
En particular, Argentina se caracteriza por tener un APM negativo, que refleja que las medidas de política (aplicación de retenciones a las exportaciones) conducen los precios internos por debajo de los precios internacionales de referencia, e implican un menor ingreso para el productor. Los principales componentes del APM son los diferenciales de precios (diferencia negativa entre el precio del productor local y el precio de referencia internacional) para soja, maíz, trigo, girasol, carnes bovina y aviar.
En contraste con lo que ocurre en los países miembros de la OCDE, en Argentina la mayor parte del gasto presupuestario en agricultura se destina a servicios generales (investigación y desarrollo agrícola, capacitación, inspección, comercialización y promoción), no distorsivos del comercio o la producción. Estos apoyos incluyen los presupuestos destinados a financiar instituciones que brindan dichos servicios de extensión o I+D como el INTA, o de inspección y control como el SENASA.
- Innovación
A pesar de políticas públicas no favorables, los desarrollos tecnológicos (semillas mejoradas, la siembra directa, el aumento en el uso de pesticidas y la rotación de cultivos) y las innovaciones en la organización de la producción, contribuyeron a que el sector privado pudiera mantenerse competitivo en los mercados internacionales.
No obstante, mencionan que Argentina enfrenta crecientes presiones medioambientales debido a la expansión de la frontera agrícola sobre la tierra de pastoreo y los bosques nativos, aunque permanece por debajo de los niveles que presentan los países de la OCDE. En particular, señala con preocupación el incremento en el uso de pesticidas y los elevados niveles de deforestación.
- Gestión de Riesgos
Las únicas herramientas disponibles de gestión de riesgo ex post son: apoyo en caso de desastres bajo la Ley de Emergencias Agropecuarias y los servicios de sanidad vegetal y animal que brinda el SENASA. Esto ha dado lugar al desarrollo de instituciones privadas e iniciativas de mercado como seguros, mercados de futuros y contratos.
- Economías Regionales
El informe distingue la situación de la región pampeana -o zona núcleo- del resto de las economías regionales. Mientras la primera experimentó una trasformación estructural con crecimiento de la productividad gracias a nuevas prácticas agrícolas y tecnológicas, las economías regionales han tenido un desarrollo relativamente bajo. Señala que la política pública no ha dado una respuesta a problemas clave que enfrentan estas regiones en materia de infraestructura, I+D, servicios de extensión y asistencia técnica.
- Recomendaciones
Se sugiere que la política agrícola debería anclarse en la legislación general, con una ley marco específica y una reforma global del sistema fiscal, para revertir gradualmente su efecto negativo sobre el sector, permitiendo ganar estabilidad y reducir la incertidumbre.
Adicionalmente, propone eliminar gradualmente las retenciones a las exportaciones, en el marco de una reforma fiscal integral de largo plazo. De igual modo, sugiere realizar una evaluación exhaustiva de impactos asociados a distintos pesticidas y de la Ley de Bosques Nativos para analizar su eficacia en el control de deforestación.
Entre otras iniciativas de innovación, gestión de riesgo y de asistencia técnica y programas de apoyo, menciona la necesidad de apoyar la búsqueda de nuevos mercados para economías regionales mediante políticas activas como agencias de promoción y acuerdos comerciales más allá del Mercosur.