UE – Biocombustibles

Comienza el proceso en OMC por biodiesel El 17 de agosto Argentina notificó a la OMC su solicitud de consultas con la Unión Europea (UE) acerca de las medidas adoptadas por España, que restringen las importaciones de biodiesel de origen extracomunitario por parte ese país. La medida había sido adoptada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España, quien el pasado 21 de abril aprobó una orden ministerial por la cual se creó un sistema de cupos de producción de biodiesel para cumplir con la cuota de energía renovable que fija la UE para el transporte. De acuerdo a esta decisión, los cupos solo podrían ser asignados a empresas productoras de España o el bloque comunitario. Teniendo en cuenta que solo la producción proveniente de plantas que tengan cantidades asignadas por este sistema será apta para el cómputo del cumplimiento de los objetivos ‘verdes’ de la UE sobre utilización de estos biocombustibles, la norma vedaría el ingreso al biodiesel extracomunitario, entre ellos el argentino, lo cual implica discriminación en contra del biodiesel importado. Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo a la norma, durante los próximos dos años España sólo comprará biodiésel producido en su territorio o en la UE. Se trata de un intento por reanimar una industria que opera a apenas un 14% de su capacidad en medio de la peor crisis económica en décadas. El mayor interrogante en estos momentos es si las fábricas españolas, en las actuales condiciones, podrán aprovechar la oportunidad ofrecida. Los más optimistas señalan que solo un 25% de las empresas podrían hacerlo. Por el lado de Argentina, la Cámara de Biocombustibles (CARBIO), mediante un comunicado de prensa, salió a desmentir que continuaran las exportaciones a España, al tiempo que explicó que las exportaciones realizadas entre enero y fines de junio del 2012 a España corresponden a negocios cerrados previo a la medida española. En términos procesales, la solicitud de consultas es la instancia previa a la constitución de un panel. Ahora las partes tendrán 60 días para intentar resolver el conflicto, y en caso de no lograrlo, se podrá solicitar la constitución de un grupo especial, el cual será el encargado de solucionar la cuestión.
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