El presente artículo constituye una señal de alerta sobre las implicancias que podría tener un inminente acuerdo sobre mitigación de cambio climático para el sector agroindustrial argentino y las posibilidades de desarrollo de nuestro país. El contexto electoral y la coyuntura actual generan el riesgo de que tanto los sectores público y privado locales pasen por alto un tema que no puede ser subestimado.
El cambio climático es uno de los principales desafíos que la humanidad deberá enfrentar durante los próximos años. Sus efectos se harán sentir con más fuerza, especialmente en el sector agropecuario. El aumento en la temperatura del planeta traerá aparejados impactos negativos sobre la producción, causados, entre otras cuestiones, por el incremento en la variabilidad climática y la frecuencia de fenómenos climáticos adversos, como sequías e inundaciones.
Atento a las graves consecuencias que esto puede tener sobre el medio ambiente y la calidad de vida de las generaciones futuras, el mundo se encuentra negociando un acuerdo que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), “estabilizando su concentración en la atmósfera a un nivel que impida interferencias peligrosas en el sistema climático”. Este pacto podría ver la luz entre los próximos 30 de noviembre y 11 de diciembre, cuando se reúna en París la 21° Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Destacando la urgencia de arribar a un acuerdo que detenga el proceso de calentamiento global, debe subrayarse la importancia para nuestro país de que el mismo sea consistente con los objetivos y principios de la Convención Marco; que establece que las metas deben lograrse de manera que la producción de alimentos no se vea amenazada y el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.
Ya que las disciplinas que se negocien pueden reducir las opciones que poseen los países para adoptar políticas públicas, es prioritario asegurar que estas sean compatibles con las acciones de Argentina en favor de su desarrollo. Dada la relevancia del sector agropecuario para nuestra economía, esto incluye especialmente la expansión y diversificación de las exportaciones de alimentos y sus materias primas.
Más importante aún, el nuevo pacto, que vendrá a reemplazar al Protocolo de Kyoto, no debe limitar la respuesta a otro de los grandes retos globales, como es la seguridad alimentaria. Argentina debe asegurar la consistencia del acuerdo de París con su esfuerzo productivo para abastecer la demanda mundial de alimentos.
Resultará clave que, en base al principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, sean los países desarrollados, principales responsables históricos de la contaminación ambiental, quienes lideren los esfuerzos para saldar su pasivo de emisiones de GEI. En este sentido, es prioritario afirmar el carácter voluntario de las medidas de adaptación y de las acciones de mitigación de emisiones para los países en desarrollo, quedando sujetas las mismas al cumplimiento por parte de las naciones industrializadas de sus obligaciones de transferencia de recursos financieros y tecnológicos.
Por estas razones, Argentina no debería acompañar propuestas de mitigación sectorial de emisiones de GEI en el sector agropecuario y en el transporte interno e internacional. Estas podrían aumentar el costo de los fletes y derivar en compromisos absolutos de reducción, que afectarían negativamente la producción de alimentos y diluirían la diferenciación de obligaciones entre países desarrollados y en desarrollo.
Asimismo, todo resultado de París debe respetar otro principio fundamental de la Convención Marco, que establece que las medidas adoptadas para combatir el cambio climático no deberían constituir una restricción encubierta al comercio internacional. Los compromisos que se asuman no deben dar lugar a una nueva generación de restricciones a la importación, que sustentadas en preocupaciones ambientales se conviertan en la justificación del denominado “proteccionismo verde”. La imposición de medidas, incluyendo aranceles al contenido de carbono en productos agropecuarios o etiquetados de “huella de carbono”, derivarán necesariamente en barreras comerciales que perjudicarán la producción y las exportaciones alimentarias de Argentina y otros países en desarrollo, conspirando contra el logro de la seguridad alimentaria mundial.
En vista de la enorme relevancia de esta negociación para la producción de alimentos y materias primas, es fundamental que el Gobierno argentino elabore su posición en estrecho contacto con los sectores productivos, quienes deberán tener una participación decisiva.
Se requiere un trabajo mancomunado entre el actual gobierno –a cargo de la negociación en curso en la 21° COP-, el gobierno que asuma el día 10 de diciembre próximo -que deberá tomar la decisión final el día siguiente, o sea el 11 diciembre-, y las demás fuerzas políticas; para que el necesario acuerdo de París pueda ser implementado por la Argentina sin poner en riesgo su capacidad de producción y sus posibilidades de desarrollo.
La superación de los grandes desafíos ambientales, alimentarios y energéticos para las décadas por venir estará estrechamente ligada a una mayor producción y un uso más eficiente de la biomasa. Por su dotación de tierra, agua y recursos humanos, y el alto potencial para el incremento de su productividad, sobre la base de un modelo productivo y de negocios dinámico, innovador y amigable con el medio ambiente, Argentina es uno de los países mejor posicionados en este escenario. El aprovechamiento de las múltiples oportunidades que se le presentarán al país para convertirse en un actor relevante en el concierto mundial dependerá del marco legal internacional que surja de estas negociaciones, que condicionarán las estrategias futuras para una inserción basada en recursos naturales.
Descargar en PDF
Nota en ambito.com