El Consejo de la Unión Europea alcanzó un acuerdo respecto de limitar el consumo de biocombustibles provenientes de cultivos alimentarios en el transporte para el año 2020, para cuando se espera que al menos el 10% del combustible para este sector provenga de fuentes renovables. Los Ministros de Energía de los 28 acordaron fijar un tope del 7% a los llamados biocombustibles de primera generación.
El objetivo de esta medida es acelerar el cambio hacia una nueva generación de biocombustibles fabricados con algas y algunos residuos. Para ello, la UE ha fijado un objetivo no obligatorio del 0,5% de biocombustibles de nueva generación para el mismo periodo. Los Estados Miembro deberán dotarse además de una meta nacional.
Ahora la propuesta debe ser aprobada por el Parlamento Europeo que llevará a cabo una “segunda lectura” en septiembre. Debe recordarse que el año pasado parlamentarios de la UE votaron a favor de un límite del 6% en el uso de dichos biocombustibles.
Los países tendrán, por otro lado, que medir el impacto indirecto sobre el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero que genera la producción de biocombustibles, por ejemplo si se tala un bosque para dedicar los terrenos a estos cultivos, lo que se conoce como “emisiones indirectas ILUC” (cambio indirecto del uso de la tierra).
Según un comunicado del Consejo, el “acuerdo reconoce el fenómeno del cambio indirecto del uso de la tierra y lo aborda, comienza una transición a los biocombustibles con menores riesgos por cambio indirecto del uso de la tierra y aporta una perspectiva de inversión más clara, protegiendo al mismo tiempo las inversiones ya efectuadas”.
Este movimiento de la UE hacia los llamados biocombustibles de segunda generación y a la consideración del ILUC, como de otros factores relevantes al momento del cómputo del ahorro de emisiones de GEI, debe ser tenido en cuenta por aquellos países como Argentina, que han desarrollado una industria en base a biocombustibles de primera generación. A su vez, es necesario ser muy cuidadoso tanto con las metodologías utilizadas para la medición de emisiones GEI, que en su mayoría no contemplan los ahorros provenientes de la siembra directa, como en la contemplación del efecto del ILUC, sobre el cual no hay consenso en la comunidad científica; para evitar que dichas consideraciones no se erijan como barreras al comercio de neto corte proteccionista.