Los países de la UE ya se encuentran debatiendo la propuesta de la Comisión Europea (CE) que pretende dar a los Estados Miembro la opción de prohibir en su territorio el uso de los alimentos o piensos transgénicos importados.
El objetivo es asimilar la potestad a la ya concedida para el cultivo, mediante la Directiva (UE) 2015/412, que concede a los países más flexibilidad para decidir sobre el cultivo de plantas modificadas genéticamente. Por esta norma los Estados pueden, durante el procedimiento de autorización, pedir que se modifique el ámbito geográfico de la solicitud para garantizar que su territorio no esté cubierto. Asimismo, después de que se haya autorizado un OGM, pueden prohibir o restringir el cultivo de la planta aduciendo motivos relativos, entre otras cosas, a los objetivos de la política medioambiental o agraria, o bien otros motivos imperiosos, como la ordenación urbana y rural, el uso del suelo, las repercusiones socioeconómicas, la coexistencia y el orden público.
Como se ha señalado (ver Boletín Nº 146), la CE ha resaltado la necesidad de efectuar cambios que reflejen los puntos de vista de la opinión pública y permitan que los Gobiernos nacionales tengan más peso en el proceso de toma de decisiones acerca del uso de OGM autorizados en la UE para el consumo de los animales (piensos) o de las personas (alimentos).
El pasado 13 de julio dicha propuesta fue presentada en el seno del Consejo de Agricultura y Pesca. Allí la Presidencia invitó a reflexionar a los Estados miembros sobre tres cuestiones de particular interés: sobre si la propuesta ofrece una solución factible y jurídicamente correcta; sobre la existencia o no de suficiente información respecto de las consecuencias de la medida; y sobre la posibilidad de examinar opciones alternativas.
Por otro lado, en el Parlamento Europeo (PE) los diputados de distintos grupos políticos estarían de acuerdo en rechazar la propuesta por razones «diversas», y por ello se ha pedido su retirada. La principal crítica es que la adopción de esta propuesta rompería el mercado único, y que puede crear problemas a la hora de dar garantías a los socios comerciales con los que existan acuerdos.
Respecto del cultivo, en la UE se siembra comercialmente solo un tipo de maíz modificado genéticamente (maíz MON 810) en cinco países con una cobertura total (en 2013) de cerca de 150.000 hectáreas, de las cuales 137.000 están en España. A su vez, existen ocho solicitudes pendientes para el cultivo de OGM en la UE, incluida la renovación de la autorización del maíz MON 810. Cuatro de ellas han recibido un dictamen positivo de la EFSA, y otras cuatro se encuentran a la espera de un dictamen.
Ocho Estados miembros (Alemania, Austria, Bulgaria, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo y Polonia) han adoptado medidas de salvaguardia que prohíben el cultivo de MON810 en su territorio. Francia también prohibía el cultivo hasta agosto de 2013, cuando la prohibición fue anulada por el Conseil d'Etat (el máximo tribunal administrativo de Francia) tras una sentencia de 2011 del Tribunal de Justicia de la UE. Muchos de estos países son precisamente grandes compradores de OGM para alimentación animal.
Ahora bien, diferente es lo relativo a la comercialización de OGM en la UE, ya que en la actualidad están autorizados 58 OGM para su uso en alimentos y piensos (incluidos maíz, algodón, soja, colza y remolacha azucarera). Actualmente se están tramitando cincuenta y ocho expedientes de solicitud, diecisiete de los cuales han recibido un dictamen favorable de la EFSA, y uno un dictamen no concluyente.
Según datos de la propia UE, se requieren en su territorio más de 36 millones de toneladas de equivalente de soja al año para alimentar a su ganado, de las cuales solo puede cubrir un 4% con producción propia. De esta forma, es muy dependiente de la producción de terceros países para sus proteínas vegetales. En 2014, la Unión importó 13,5 millones de toneladas de harina de soja (lo que equivale a más de 18 millones de tn en equivalente poroto) y 14,8 millones de toneladas de poroto de soja.
Estas importaciones proceden principalmente de países en los que el cultivo de OGM está muy extendido: el 90% proceden de cuatro países –Argentina, Brasil, EE.UU. y Paraguay– en los que el porcentaje de la superficie cultivada de soja en la que se ha plantado soja MG es de alrededor del 90%.
De esta forma, la UE se encuentra en una encrucijada: adoptar una medida de renacionalización del comercio, poniendo en riesgo el abastecimiento de insumos para su industria alimenticia e incluso abriendo la posibilidad de cuestionamientos legales en la OMC, o mantener un status quo donde las autorizaciones se paralizan en la CE por falta de acuerdo.
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