La nueva PAC entraría en vigor en 2020, aunque dado el ritmo de las negociaciones se espera que recién lo haga en el 2022, sumándose la dificultad que agrega el Brexit.
El 16 de octubre el Comité Especial de Agricultura confirmó el acuerdo sobre los aspectos agrícolas del reglamento Ómnibus. Este fue publicado en septiembre de 2016 como parte del paquete legislativo de revisión del marco financiero plurianual y rige las normas financieras del presupuesto general de la Unión Europea y otros quince actos legislativos sectoriales, en particular en el ámbito de la agricultura.
La nueva PAC entraría en vigor en 2020, aunque dado el ritmo de las negociaciones se espera que recién lo haga en el 2022, sumándose la dificultad que agrega el Brexit. El Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, Phil Hogan, indicó que la contribución total del Reino Unido al presupuesto europeo es de 12.000 millones de euros.
Por lo tanto, el reglamento Ómnibus cobra real importancia cumpliendo la función de una revisión intermedia de la actual PAC y sentando las bases para la nueva. El mencionado reglamento introdujo cambios a los cuatro Reglamentos de la PAC: pagos directos, organización común de mercados, reglamento horizontal y desarrollo rural (Ver Boletines Nº 128, 131 y 133). Están relacionados con una serie de reformas técnicas que buscan simplificar y dar un carácter más equitativo, y que entrarían en vigor a partir de 2018. A saber:
Pagos directos
- Los Estados miembros podrán aumentar del 25% al 50% los pagos a los jóvenes agricultores, para así enfrentar el problema de la población agrícola envejecida.
- La diferenciación entre agricultor activo y no activo, que se usaba para evitar que accediesen a los pagos directos personas que no estaban ejerciendo una actividad agrícola real, será opcional y en caso de que los estados miembros la consideren una carga administrativa excesiva podrán dejar de utilizarla.
- Se amplía el acceso al Greening o pago verde, ayudas que son entregadas solo si se ven prácticas favorables al clima y el medioambiente.
- Podrán revisar anualmente la decisión de conceder las ayudas asociadas voluntarias, vinculadas a la producción para ayudar a determinados sectores en dificultades. Estas asistencias generan controversias ya que se dice que son ayudas de la Caja Ámbar del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC (poseen significativos efectos de distorsión del comercio) enmascaradas en supuestas ayudas de la Caja Verde (no dañinas o en grado mínimo).
Organización Común de Mercados
- Se amplía la posibilidad de negociar colectivamente cláusulas de reparto de valor en los contratos a otros sectores además del azucarero y tendrá carácter voluntario.
- No se mantuvo la propuesta de establecer un plan voluntario de reducción de la producción en épocas de crisis.
- Algunas facultades de las organizaciones de productores, como la planificación de la producción y la negociación de contratos en nombre de sus miembros, que existían solo para algunos sectores como el del aceite de oliva y la carne vacuna, se ampliaron para todos. Esto fortalecería su posición en la cadena de suministro. Como esto podría afectar la competencia se ha incluido una serie de salvaguardias para garantizarla.
Desarrollo rural
- Las ayudas vinculadas al instrumento de estabilización de los ingresos que antes se activaban cuando el ingreso anual medio del agricultor caía un 30% ahora lo harán cuando caiga un 20% y la compensación pasará de un 65% a un 70%.
- Las pólizas de seguro se abonarán cuando se haya destruido más del 20% de la producción anual media del productor.
- Se efectuaron varios cambios en las normas que deben cumplir los instrumentos financieros, con el fin de promover su uso y armonizarlos con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
Reglamento horizontal
- No se introdujeron cambios en las normas vigentes con respecto a la reserva de crisis, que indican que se debe establecer una reserva aplicando, al comienzo de cada año, una reducción a los pagos directos a través del mecanismo de disciplina financiera.
- El procedimiento vigente, gracias al cual el gasto amparado en las disposiciones de la PAC no supera los límites fijados en el presupuesto de la UE, se ha simplificado y será gestionado exclusivamente por la Comisión.
El Consejo rechazó la propuesta de la Comisión de eliminar la “regla 50/50”. Esta establece que ante el pago indebido a un beneficiario, sea por irregularidad o negligencia, si estos importes no han sido recuperados, los Estados miembros y el presupuesto de la UE compartirán en partes iguales la carga. La comisión había propuesto que el Estado miembro asumiera el 100% de ella.
Leer Boletín completo en pdf »