El 31 de enero, el Secretario de Agricultura de EE.UU., Mike Johanns, presentó la propuesta del Poder Ejecutivo para la reforma de la Ley agrícola que tendrá vigencia para los próximos 10 años. Con respecto a los subsidios a la producción, una característica general de la propuesta consiste en aumentar los subsidios de Caja verde (no dañinos o mínimamente dañinos para el comercio según la OMC) y disminuir levemente los de Caja ámbar (los más dañinos porque tienen mayores efectos para estimular la producción). En materia de subsidios de Caja verde se aumentan los pagos directos en USD/bu que están desvinculados de los niveles de producción y del tipo de producto que se cultive. Sin embargo, no se actualiza el período base sobre el cual se otorgan, ni los rendimientos, aspecto solicitado por muchos países de la OMC en las actuales negociaciones. Además, la propuesta apunta a aumentar un 20% más los pagos directos para aquellos productores que se inician en la actividad en los primeros 5 años. Otra modificación es que se incluye dentro de los pagos directos a las frutas y verduras que eran los únicos productos que no estaban contemplados. De esta manera, EE.UU. adecua este programa a las recomendaciones del OSD de la OMC que había considerado que no eran de Caja verde por excluir explícitamente a ciertos productos. Otro subsidio de Caja verde que se propone aumentar es el que se le paga al agricultor por cumplir con ciertas prácticas de conservación del ambiente. Dentro de los programas de Caja ámbar la propuesta reduce levemente los precios sostén para trigo, maíz, sorgo, cebada, avena, soja, maní y otras oleaginosas; y, mantiene los de los demás productos (algodón, arroz, lana, miel y legumbres). Respecto de los pagos contra cíclicos, que es un programa instaurado por la ley agrícola de 2002, la propuesta apunta a que los mismos se otorguen cuando los ingresos caigan por debajo de un cierto nivel y ya no cuando los precios caigan por debajo de un precio meta. Este cambio se debe a que muchos agricultores en estos últimos años tuvieron pérdidas no en razón de la caída de precios sino debido a la caída de rendimientos producida por las sequías. La propuesta también pretende limitar la cantidad de subsidios que reciben las explotaciones más grandes y reconoce que en el 2005 el 9% de los agricultores recibieron el 54% de los subsidios. En materia de créditos y garantías de créditos a la exportación la propuesta institucionalizaría por ley la eliminación del tope del 1% de comisión que cobraba por la operatoria de los GSM-102, lo cual no reflejaba el riesgo país del beneficiario (país importador). Esto fue cuestionado por el tribunal de la OMC que tubo en sus manos la controversia entre EE.UU. y Brasil por los subsidios al algodón. Además propone eliminar el GSM-13 y el SCGP (que actualmente no están funcionando). En materia de bioenergias, la propuesta consiste en incrementar en USD 50 millones el presupuesto para investigación y desarrollo de combustibles renovables a través de la biomasa. También propone una batería de programas para subsidiar la producción de bioenergías. Estos cambios propuestos implicarían un aumento de los programas de Caja verde de entre 16 y 14 mil millones de USD y una reducción de los de Caja ámbar de USD 10 mil millones a lo largo del período 2008-2017. En términos generales, puede concluirse que la reforma si bien es mínima para los intereses de un país como la Argentina, va en el sentido correcto y que muchos de los cambios propuestos se basan en el revés que obtuvo EE.UU. en el caso del algodón y que sus modificaciones apuntan a estar en línea a lo acordado en la Ronda Uruguay del GATT. Sin embrago, muchas delegaciones de países miembros de la OMC han manifestado su descontento por considerarla una reforma muy pequeña respecto a lo que se pretende conseguir en la actual ronda de negociaciones. En este sentido, la propuesta contiene una cláusula que habilita a la Secretaría de Agricultura a hacer los ajustes necesarios en los subsidios, en caso de ser necesario, para que estos no contravengan los compromisos contraídos por EE.UU. en la Ronda Uruguay o en cualquier acuerdo sucesor.
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