EE.UU. – LEY AGRÍCOLA

Se prevén reducciones en las ayudas al agro estadounidense. El pasado 12 de julio el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes aprobó su versión de la nueva Ley Agrícola norteamericana (Farm Bill), titulada “Federal Agricultural Reform and Risk Management Act”. Según un comunicado publicado por el Comité, esta es una ley bipartidista, que ahorra el dinero de los contribuyentes, reduce el déficit federal, y deroga políticas obsoletas, mientras reforma, fortalece y consolida otras. Siguiendo los cálculos realizados por la oficina de presupuesto del Congreso (CBO), la FARRM (de acuerdo a sus siglas en ingles) reduce el presupuesto destinado a la ley agrícola en más de 35 mil millones de dólares para los próximos 10 años. Los montos asignados a los programas de subsidios a los cultivos se reducirían en 14 mil millones de dólares, debido a la eliminación de varios de los programas tradicionales, como los pagos directos y contracíclicos y el programa ACRE. En contrapartida, se fortalecerían los programas de gestión de riesgos. Los productores podrían elegir entre dos herramientas complementarias a los programas de seguros, el Price Loss Coverage (PLC), que cubriría al agricultor de descensos pronunciados y continuados en los precios, y el Revenue Loss Coverage (RLC), que compensaría por pérdidas en la renta superiores al 15%. En lácteos, se reemplazarían viejos programas con una nueva red voluntaria de manejo de riesgos, que estaría atada a controles de oferta. Otros 6 mil millones de dólares se ahorrarían a través de la simplificación y consolidación de los programas de conservación. Los restantes 16 mil millones de dólares de reducción del gasto provendrían de recortes en el programa de cupones de alimentos, lo que seguramente constituye el aspecto más controvertido del proyecto. El mismo día de su aprobación, el Secretario de Agricultura emitió un comunicado en donde critica especialmente esta rebaja. El proyecto deberá pasar ahora al pleno de la Cámara de Representantes para su consideración. Una vez aprobado, tendrá que ser consolidado con la versión ya aprobada por el Senado (ver Boletín Nº 117 del INAI). Recordamos que la ley actual vence el próximo 30 de septiembre. Finalmente, cabe agregar que Brasil ha anunciado, por medio de su representante ante la OMC, Roberto Carvalho de Azevedo, que prevé aplicar represalias económicas contra EE.UU., si ese país insiste en incumplir una decisión que lo obliga a suspender las subvenciones a los exportadores algodoneros. Debe recordarse que en 2009 la OMC autorizó a Brasil a tomar represalias comerciales contra EE.UU. por considerar que los subsidios que este último otorgaba al algodón distorsionaban el mercado y afectaban a los exportadores brasileños. La sanción, que rondaba los 800 millones de dólares anuales, no llegó a aplicarse por un acuerdo entre ambos países, según el cual EE.UU.se obligaba a transferir 147 millones de dólares al año a los productores brasileños mientras se resolvía la cuestión de fondo: las cuestionadas ayudas al sector. Con la posible nueva ley al caer, Brasil ha reactivado su preocupación, por considerar que los proyectos que se están discutiendo en el Congreso estadounidense mantienen los controvertidos subsidios al algodón sin modificación.
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