En el referéndum celebrado el 23 de junio, el Reino Unido votó a favor de abandonar el bloque de integración regional, con un sorpresivo 51,9% (salida: “Brexit”) contra 48,1% (permanencia: “Bremain”).
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En principio, los próximos pasos a seguir están definidos en el Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que prevé una cláusula de retirada, es decir, un mecanismo para el retiro voluntario y unilateral de un país de la Unión.
Para hacer efectiva la salida, Inglaterra deberá notificar su intención al Consejo Europeo, que proporcionará las directrices para la celebración de un acuerdo que establezca las disposiciones necesarias para la retirada. El Consejo, en nombre de la UE, celebra dicho acuerdo por mayoría cualificada, y con previa aprobación del Parlamento Europeo.
Los Tratados dejan de aplicarse al país que realiza la solicitud, desde la entrada en vigor del acuerdo o, a más tardar, dos años después de la notificación de la retirada. El Consejo puede decidir prorrogar dicho período. Cabe mencionar, que cualquier país que se haya retirado de la UE podrá solicitar unirse de nuevo, pero para ello deberá someterse nuevamente al procedimiento de adhesión.
En respuesta a esta situación sin precedentes para los europeos, los Presidentes del Consejo, Parlamento y Comisión Europea realizaron un Comunicado Conjunto, a través del cual solicitaron a Gran Bretaña hacer efectiva su salida lo antes posible para evitar que se prolongue la incertidumbre. Sin embargo, resaltaron que hasta tanto el proceso negociador concerniente a la retirada no finalice, el Reino Unido permanece como miembro de la UE con todos los derechos y obligaciones que eso implica.
Aún se desconoce el impacto que esta decisión puede tener, pero ya se está hablando a través de la prensa internacional de implicancias tanto intra-UE como internacionales. Desde el punto de vista interno, se menciona el riesgo de que otros países como Grecia y Francia sigan sus pasos, llevando a una desintegración del bloque regional. Asimismo, se presenta la posibilidad de que Escocia e Irlanda del Norte se independicen del Reino Unido (RU).
El impacto del Brexit sobre el sector agrícola europeo dependerá de las condiciones que se negocien en el acuerdo de salida ya mencionado. No obstante, los europeos han identificado algunos frentes que se verán afectados: institucional (presupuestario), comercial (con la UE y con el resto del mundo) y normativo (modificación de la regulación).
En relación al primer frente, la salida del RU de la UE significará una pérdida de fondos para el presupuesto comunitario de entre 5 y 7 mil millones de euros al año. Pero no sólo será una pérdida para los europeos sino que el RU perderá uno de los instrumentos principales de financiamiento de su agricultura: la Política Agrícola Común (PAC). El RU se encuentra entre los principales países beneficiarios de ayudas de la PAC (recibe 7% de los fondos), por detrás de Francia, España, Alemania e Italia. La agricultura británica ha recibido en los últimos años en carácter de subsidios un monto superior a los 3.000 millones de euros anuales.
El futuro del RU y la UE en materia comercial es indefinido aún. Es inminente que habrá un impacto considerable pero no se puede cuantificar dado que aún no están claras las condiciones en que se dará la salida del bloque. Se requerirá un arduo trabajo en materia normativa tanto a nivel intra-UE como también en el ámbito de las negociaciones multilaterales. En principio, dejará de pertenecer al mercado único de la UE, con lo cual, deberá crear un nuevo marco normativo en su relacionamiento con ellos y luego determinar el rol que asumirá ante la OMC como país independiente. El RU tendrá que renegociar posiciones dentro y fuera del bloque: deberá decidir, entre otras cuestiones, qué nivel de subsidios a los agricultores solicitará, qué aranceles y cuotas aplicará (estos se encuentran definidos actualmente a nivel regional), qué normativa sanitaria adoptará (si seguirá o no con los parámetros europeos ya vigentes), qué acuerdos/negociaciones con terceros países respetará y cuáles no. Este trabajo de definiciones y negociaciones no será sencillo ni rápido y dependerá de las voluntades de los actores involucrados en cada caso (que son muchos en este caso).
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