El resultado de la votación del Reino Unido a favor de abandonar la UE es un tema de discusión a nivel internacional. Pero, hasta el momento el único impacto real que generó es la incertidumbre global sobre la forma en que dicha situación afectará en todos los ámbitos (político, económico y comercial) y en todo el mundo (a nivel tanto nacional como intra y extra-UE).
El primer impacto del referéndum fue de índole político, ya que tras el resultado del mismo el primer ministro británico, David Cameron, anunció su dimisión. Tal mandatario, quien apoyaba la permanencia (Bremain) británica en el bloque regional, aseguró que no sería correcto que él siguiera liderando dicho proceso de retirada y debía ser quien lo sucediere el encargado de ejecutarlo. Su sucesor, en este caso sucesora, no se hizo esperar. Theresa May será la nueva primer ministro del RU. Cabe destacar, que dicha mandataria fue muy clara acerca del resultado del referendo: «Brexit significa Brexit. No deben haber intentos de permanecer en la UE, ni intentos para volverse a integrar por la puerta de atrás ni una segunda consulta».
En principio, el referéndum no es un instrumento vinculante, por lo que el resultado a favor del Brexit, no implica que automáticamente el Reino Unido abandona la UE. Como se explicó en el Boletín anterior (Nº 153), para hacer efectiva la salida, Inglaterra deberá notificar su intención al Consejo Europeo, el que luego proporcionará las directrices para la celebración de un acuerdo que establezca las disposiciones necesarias para la retirada. Este primer paso de notificaciónal Consejo aún no ha ocurrido, lo que suma más incertidumbre al proceso.
Algunos de los “Brexiteers” (quienes apoyan el Brexit) están a favor de una derogación inmediata de la Ley de Comunidades Europeas de 1972, provocando una salida rápida de la UE, en vez de invocar el Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, como pretende la primer ministro, en forma más cautelosa. En efecto, May afirmó que no activará dicha cláusula, antes de finales de 2016, a fin de darle al Reino Unido tiempo para definir su posición en las negociaciones.
Aún no está claro el plan de acción, pero en principio, se creó un nuevo Departamento para tratar la salida británica de la UE. No obstante, la situación jurídica no está clara y los pasos a seguir para presentar la notificación a la UE tampoco están definidos.
Algunos expertos señalan que para poder gatillar la cláusula de salida dispuesta en el Artículo 50, se necesita una ley, mientras que otros aseguran que puede ser realizado por el Primer Ministro ejerciendo la prerrogativa real[1]. No obstante, el gobierno podría eludir esta situación si se realizara una votación parlamentaria.
Algunos abogados han presentado acciones legales para obligar al gobierno a convocar una votación parlamentaria pero no parece que puedan tener éxito ya que los tribunales pueden ver esto como un acto político y no un asunto legal.
Según la Actualización de las Perspectivas de la economía mundial del FMI, publicada el 19 de julio, “el voto a favor del Brexit implica un aumento sustancial de la incertidumbre económica, política e institucional, la cual se proyecta que tenga consecuencias macroeconómicas negativas, sobre todo en las economías avanzadas de Europa”. No obstante, en el informe se señala que dado que el proceso es incipiente, resulta muy difícil calcular las repercusiones que pueda tener a más largo plazo, y que hasta el momento la reacción del mercado financiero ha sido “ordenada y contenida”.
En cuanto al impacto que tendrá el Brexit en América Latina y el Caribe, la calificadora de riesgo Moody’s indicó que será “mínimo”, dada la poca participación en sus vínculos comerciales y financieros con el RU y la UE. En este sentido, el efecto sobre la región será más bien indirecto, y dependerá de cómo afecte a sus principales socios comerciales y financieros (Estados Unidos y China, principalmente). La volatilidad financiera y,en particular, de los precios de las materias primas, será la principal fuente de impacto para estos países.
Por otro lado, en relación con la forma en que el Brexit afectará al sector agrícola británico, y mientras May trabaja en desarrollar un plan coherente para llevar a cabo la salida, varios grupos de interés intentan influir dicho proceso, imponiendo sus puntos de vista. Algunos solicitan mantener el compromiso de sostener la industria y ayudar a crear una política agrícola nacional que promueva la agricultura rentable y competitiva fuera de la UE. Otros, en la misma línea, instaron al gobierno a conservar el presupuesto actual del Reino Unido asignado al apoyo a la agricultura a través de la Política Agrícola Común (PAC), pero utilizarlo en forma diferente. En particular, se sugirió: eliminar los Apoyos del Pilar 1 (P1), reformar los esquemas ambientales, un nuevo plan de desarrollo del negocio agrícola, y un paquete de medidas centrado en brindar apoyo a los productores de alimentos.
Cabe recordar, que el documento de la campaña del “Vote Leave, take control” (“votar la salida, tomar el control”) que promovían los partidarios del Brexit, sugería que la contribución británica a la PAC -dinero que se envía periódicamente a Bruselas- podría ser mejor invertida en salud, escuelas, e investigación científica del RU. Lo que no reconocía dicho documento es el hecho de que no todo ese dinero se paga realmente a Bruselas, es decir, no contempla el factor de reembolso presupuestario al RU, o que algunos gastos de la UE son incurridos allí, como los apoyos a la agricultura británica, por ejemplo.
Por lo pronto, todas las normas de la UE, permanecen en vigencia (derechos y obligaciones) y por ende, las ayudas de la PAC siguen siendo otorgadas según lo previsto en el presupuesto comunitario. No resulta claro aún si finalmente el RU decidirá mantener el presupuesto invertido actualmente en la PAC o si lo dispondrá para otros fines. Habrá que tener un poco más de paciencia para saberlo.
[1]Conjunto de los poderes que posee la Corona británica.
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