El Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes de los EE.UU. ya ha iniciado los trabajos para la confección del anteproyecto de la Ley Agrícola (Farm Bill) luego de 2012, año en que expira la actual legislación.
El presidente del Comité, Collin Peterson, señaló que el primer borrador deberá estar preparado en los últimos días de 2010, para iniciar su debate a mediados de 2011 y aprobar la ley a finales de ese año.
A principios de mayo los miembros del Comité mantuvieron reuniones con académicos y economistas, expertos en política agraria, para conocer sus opiniones y tenerlas en consideración. Estos plantearon las dificultades que se presentarían para las ayudas agrícolas estadounidenses en el caso de que la Ronda Doha sea finalizada con éxito. También se señaló que los pagos directos no son la solución a la volatilidad de precios, además de que son caros y la sociedad no los comprende.
En la misma línea el Comité celebró reuniones en diversos Estados con políticos, agricultores, procesadores y grupos con distinta representación en el mundo rural y agrario. En función de las características productivas de cada Estado las opiniones y valoraciones de la actual Farm Bill, así como las necesidades de la futura Ley, han sido diferentes. En rasgos generales, existieron críticas al programa ACRE, reconociendo que no funciona igual para todos los Estados y cultivos; a los subsidios al etanol, por considerar que encarece el precio de los alimentos; los pagos directos, por su dificultad para cumplir con las exigencias de la OMC; y a las políticas destinadas al sector lácteo, porque no constituyen una red de seguridad para contrarrestar los bajos precios y los altos costos de producción. Por su parte, el presidente Peterson manifestó que las ayudas tradicionales deberán modificarse en la siguiente Farm Bill como consecuencia de las dificultades presupuestarias por las que atraviesa el país.
Por otro lado, el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) presentó su propuesta de presupuesto para 2011, que asciende a cerca de 149.000 millones de dólares. De estos, 123.000 millones de dólares son para cumplir con los compromisos de los programas obligatorios de la Ley (asistencia nutricional, programas de ayuda a los cultivos, promoción de exportaciones, etc) y 26.000 millones de dólares estarán destinados a programas discrecionales (programas de suplementación nutritiva, desarrollo rural, sanidad vegetal y animal, entre otros). Del total del gasto propuesto, un 72% se dedicará a programas de asistencia nutricional a personas de bajos ingresos.
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