UE – BIOCOMBUSTIBLES

Amenazas para el biodiésel argentino en la UE La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) viene sosteniendo que el Gobierno argentino ejerce «presiones intolerables» sobre el Ejecutivo español para impedir o demorar la aplicación de una Orden Ministerial que le garantizará mayor participación al biocombustible de origen local restringiendo el ingreso del extranjero. La norma en cuestión requiere solamente la firma del ministro de Industria, para la asignación de cantidades de biodiésel a plantas españolas y otras comunitarias. Según han indicado, se cuenta con dictámenes favorables de la Comisión Nacional de Energía y del Consejo de Estado, pero las quejas presentadas por el Gobierno argentino serian las que han frenado la norma. APPA afirma que la situación de la industria en España es crítica, ya que mantiene parada el 85% de su capacidad productiva. Según los datos de Aduanas, en 2010 se importaron alrededor de 825.000 toneladas de biodiésel puro, lo que significó el 61% de todo el consumo nacional. APPA señala que más de tres cuartas partes de estas importaciones provinieron de Argentina (53%) e Indonesia (24%). Según la industria española, el principal cuestionamiento hacia Argentina se enfoca en los diferenciales arancelarios a la exportación que aplica para el biodiésel (20%) y el aceite de soja (32%), su principal insumo. La industria española sostiene que dicho diferencial genera una competencia desleal, ya que favorece la industrialización del biodiésel. Sin embargo, la OMC no prohíbe dichos diferenciales como tampoco lo hace con los diferenciales arancelarios a la importación, de amplio uso por los europeos. Desde la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) han indicado que las razones que se esgrimen para prohibir el acceso de biodiésel son infundadas, ya que no existen prácticas desleales de las exportaciones argentinas. Sostienen que las empresas españolas buscan que se cierre la importación, para luego comprar a Argentina el aceite para producir allá el biodiésel. Por otro lado, la Unión de Petroleros Independientes (UPI) considera que la Orden Ministerial seria un obstáculo, ya que el biodiésel producido en España es mucho más caro que el importado, lo que produciría una disparada de los precios de los combustibles que incluyen un corte obligatorio con biocombustible. Además de que los problemas actuales de la industria española del biodiésel no se deben solo a las supuestas «importaciones desleales», sino también a inversiones realizadas sobre la base de expectativas sobredimensionadas y fomentadas con ayudas públicas. De implantarse el sistema de cuotas podría ser contrario a la normativa europea de libre circulación de mercancías y de competencia, además de constituir una invasión de las competencias de la UE en materia de política comercial común. Asimismo, difícilmente pueda ser justificada en el ámbito de la OMC, porque implicaría una diferencia en favor de los productos locales, contraria al principio de Trato Nacional. Como es bien sabido, la UE representa el principal mercado de exportación del biodiésel argentino. De acuerdo a la normativa del bloque, se deben cumplir con un régimen de sostenibilidad. Respecto a esto, a mediados de junio, siete de los diecisiete sistemas de certificación voluntarios que fueron sometidos para reconocimiento, fueron examinados y aprobados por el Comité de Sostenibilidad de la UE. Un segundo conjunto de sistemas, que incluirá la norma CARBIO de Argentina, será examinado por la Comisión Europea en octubre.
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