TLC UE – EE.UU

Washington y Bruselas apuran el inicio de las conversaciones. Estados Unidos y la Unión Europea continúan con los procesos internos necesarios para el lanzamiento de las negociaciones de un Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones en junio próximo (Ver Boletín Nº 124). El pasado 20 de marzo, la Casa Blanca notificó formalmente al Congreso su intención de iniciar conversaciones para un acuerdo ambicioso y comprensivo con la UE. Esta notificación inicia un período de consultas legislativas de noventa días, tras el cual Washington podría comenzar a negociar. En el documento, la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR) reconoce el desafío que implicará la negociación, aunque destaca que las enormes ganancias potenciales en crecimiento, empleo y competitividad justifican el esfuerzo. Particularmente, en la carta se señalan los objetivos a alcanzar en áreas como comercio de bienes, servicios, comercio electrónico, tecnologías de la información y la comunicación, inversiones, facilitación del comercio, compras públicas, estándares laborales y medioambientales, y propiedad intelectual. Se resalta que la eliminación de las barreras no arancelarias, dadas, por ejemplo, por estándares sanitarios y fitosanitarios no basados en ciencia y obstáculos técnicos injustificados, será parte crucial del acuerdo. El titular interino del USTR, Demetrios Marantis, expresó que EE.UU. y la UE tienen dificultades históricas en reglamentaciones sobre productos agrícolas, como las referidas a indicaciones geográficas. Legisladores norteamericanos remarcaron que una fuerte protección de los derechos de propiedad intelectual y una eliminación de las barreras europeas al comercio agrícola son fundamentales para cualquier acuerdo bilateral. En relación, una coalición de 64 grupos vinculados a la agricultura pidió al gobierno de Obama que las cuestiones sanitarias y fitosanitarias sean abordadas como parte central de las negociaciones. Señalan entre estas a las restricciones en los métodos de producción de carne y aves de corral, y a la utilización de aditivos químicos para piensos de carne bovina y porcina. También aluden a la lenta aprobación de OGMs en la UE, a las normas sobre etiquetado y a los requisitos de sostenibilidad arbitrarios que el bloque impone a la producción de materia prima para biocombustibles. Por su parte, la Comisión Europea (CE) presentó su propio proyecto de mandato negociador, donde esboza las prioridades de Bruselas en las conversaciones previstas. Antes de que la CE pueda oficialmente iniciar las negociaciones, este mandato deberá ser aprobado por el Consejo Europeo. Como es de esperarse en estos casos, ya han aparecido quejas de algunos Miembros, que se manifestaron preocupados sobre algunos temas sensibles. Específicamente, el Ministro francés de Comercio indicó que su país considera a las reglas sobre organismos genéticamente modificados un tópico “no negociable”. Un reciente estudio preparado para la CE por el Centre for Economic Policy Research ha estimado que las ganancias potenciales del acuerdo ascenderían a 119 mil millones de euros por año para la UE y 95 mil millones de euros para los EE.UU., una vez que el acuerdo esté totalmente implementado. Un 80% de estas provendría de la reducción de las barreras no arancelarias, a través de la armonización de reglamentos, así como de la liberalización de servicios y compras públicas. Estos beneficios no serían a expensas del resto del mundo. Las exportaciones de alimentos procesados de la UE aumentarían un 9%. Además de las ganancias económicas, ante el parate de la Ronda Doha, las partes buscan con el alineamiento de sus reglas internas sentar precedentes para el establecimiento de normas globales. El objetivo de los funcionarios de ambos lados del Atlántico es concluir el acuerdo para finales de 2014. Un aspecto importante a definir en este sentido es si la Administración Obama consigue el restablecimiento de la “vía rápida” (TPA, Trade Promotion Authority), que le permitiría negociar acuerdos internacionales que luego deberían ser aceptados o rechazados en su totalidad por el Congreso, sin posibilidad de enmiendas.
Leer en pdf »