EE.UU. – LEY AGRÍCOLA

Republicanos intentan excluir el título de nutrición de la Farm Bill. Finalmente, luego de un intento fallido y arduas negociaciones, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, el pasado 11 de julio, su versión de la nueva Ley Agrícola norteamericana (Farm Bill). El proyecto desató una fuerte polémica dentro del Congreso, dado que no contiene el título referido al programa de cupones de alimentos (SNAP, por sus siglas en inglés), sobre el cual existían diferencias entre demócratas y republicanos. También eliminaría la exigencia de que la Ley deba ser reformada cada cinco años. La Federal Agriculture Reform and Risk Management Act of 2013 fue aprobada por 216 votos a favor y 208 en contra, entre los cuales se encuentran todos los representantes demócratas. Debido a la exclusión del capítulo de nutrición, esta versión prevé un recorte del presupuesto destinado a la ley de sólo 23 mil millones de dólares. Resta ver qué sucederá con los programas de ayuda alimentaría, para los cuales el proyecto rechazado en junio pasado preveía cortes por otros 20 mil millones de dólares (Ver Boletín Nº 128). Respecto de los subsidios a la producción, la ley elimina la mayor parte de los programas tradicionales (pagos directos, pagos contracíclicos, ACRE y SURE) y los reemplaza por nuevos mecanismos de gestión de riesgos, como el Price Loss Coverage (PLC), que protege al productor de las tendencias declinantes de precios, y el Revenue Loss Coverage (RLC), que compensa por pérdidas en las rentas mayores al 15%. Además, se fortalecen los programas de seguros agrícolas. Estos cambios deben generar preocupación en los países en desarrollo exportadores netos de productos alimenticios. De constituirse definitivamente en Ley, EE.UU. estará suplantando pagos directos desacoplados que poseen menores efectos distorsivos sobre el comercio internacional, por subsidios vinculados a la producción y los precios corrientes que influyen fuertemente en las decisiones del productor, incentivándolo a producir más. La exclusión del programa de cupones de alimentos (food stamps), a través del cual se otorgan ayudas para que la gente en situación de pobreza pueda comprar alimentos nutritivos, es otro aspecto a tomar en cuenta. Este programa ha sido crucial a la hora de comprender los apoyos que posee la Farm Bill en el Congreso norteamericano. Surgidos en la década del 30, los food stamps fueron cobrando importancia, hasta representar cerca del 80% del presupuesto total de la ley. A partir de 2008, debido a la crisis económica, aumentó considerablemente el número de beneficiarios y con ellos el monto total destinado al programa, que superó los 75 mil millones de dólares en 2011. Durante ese año, más de 45 millones de estadounidenses recibieron en promedio 167 dólares mensuales. Por lo tanto, a la presión del gran número de legisladores de zonas rurales y la influencia del denominado “lobby agrícola”, preocupados por los programas de subsidios a los cultivos, se le suma el de los legisladores de la gran parte urbana, interesados en la continuidad de los programas de ayuda alimentaria nacional. De esta manera, la naturaleza de “ómnibus” da la Farm Bill (involucra programas relacionados con subsidios agrícolas, asistencia alimentaria, comercio agrícola, marketing, desarrollo rural, conservación, energías renovables, e investigación, entre otras) crea una amplia coalición de apoyo entre intereses a veces conflictivos en torno a ciertas políticas que, individualmente, podrían no sobrevivir el proceso legislativo. El proyecto de la Cámara de Representantes amenaza con romper esta coalición. Líderes republicanos señalaron que trabajarán para pasar por separado otra ley sobre nutrición. Este movimiento ha recibido críticas desde diferentes sectores. La Casa Blanca amenazó con vetar la Ley Agrícola si no contiene el capítulo vinculado a la asistencia nutricional. La separación de los programas agrícolas y nutricionales también generó el rechazo de entidades privadas como la National Farmers Union y el American Farm Bureau. La presidenta de la Comisión de Agricultura del Senado, la demócrata Debbie Stabenow, señaló que este proyecto no es una ley agrícola real y es un insulto a la América rural. Mirando al futuro, debería convocarse a una Conferencia Conjunta que unifique la Ley de la Cámara de Representantes con la versión aprobada por el Senado en mayo pasado, que si contiene el título de nutrición. Una vez consensuada, deberá ser enviada al Poder Ejecutivo para su firma. Los congresistas no disponen de mucho tiempo, dado que la prórroga vigente de la Ley actual vence el próximo 30 de septiembre.
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