Las negociaciones para el Acuerdo Transatlántico, entre EE.UU. y UE, ya alcanzaron la decimoquinta ronda de negociaciones el pasado 3 de octubre. La ronda se enfocó en consolidar textos y “reducir corchetes”. De acuerdo con la conferencia de prensa de los negociadores europeos “las razones para continuar las charlas se mantienen tan fuertes como hace tres años, cuando se comenzó a negociar”, y “la racionalidad económica para fortalecer los lazos transatlánticos es obvia”. Agregaron que, dado que existen personas que temen una “globalización descontrolada”, un acuerdo UE-EE.UU. sería una de las vías para enfrentar sus preocupaciones. Incluso en el plano regulatorio, destacaron que una cooperación beneficiaría a las pequeñas compañías que no pueden enfrentar los actuales costos, que promovería reglas más efectivas dado que se aprendería de las experiencias de ambos lados del Atlántico y, finalmente, que permitiría influir sobre los esquemas de regulación de todo el mundo.
Sin embargo, todavía perduran muchas dificultades. Entre ellas, se destaca la presión de la opinión pública en un contexto de crecientes sentimientos contrarios a la globalización, lo que presenta una gran barrera al avance del acuerdo. En segundo lugar, los interrogantes que rodean la eventual salida del Reino Unido de la UE presentan un grado de incertidumbre adicional. El Ministro de Economía alemán, Gabriel Sigmar, opinó que “las negociaciones con EE.UU. han fallado de facto, incluso si nadie está realmente admitiéndolo”, debido a la falta de apoyo doméstico para concretar el tratado.
Las perspectivas para el TTIP recibieron otro golpe ante las barreras que aparecieron para la ratificación en la UE del CETA, el acuerdo firmado con Canadá, cuyas negociaciones concluyeron en 2014. Dado que la Comisión Europea definió el Acuerdo como “mixto”, se requeriría tanto la aprobación del Consejo y el Parlamento Europeo, como de las legislaturas de cada uno de los estados miembro, por lo que era previsible que sería un proceso complejo. Si bien el CETA fue objeto de una serie de protestas públicas que se dieron en varias ciudades europeas, la principal traba surgió de la oposición del gobierno de la región belga de Valona, cuyo Premier Paul Magnette opinó que el acuerdo debilitaría los estándares legales, de salud y ambientales. Ante las dificultades para sortear este escollo, la Ministra de Comercio canadiense, Chrystia Freeland, expresó su decepción al mencionar que “la UE no es capaz de tener un acuerdo internacional, ni siquiera con un país que comparte los valores europeos como Canadá”.
Sobre el cierre de edición del presente Boletín, el Primer Ministro de Bélgica, Charles Michel, anunció que los parlamentos regionales de ese país habrían llegado a un acuerdo para aprobar el CETA, al menos en forma temporaria.
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