El 30 de marzo pasado, el Poder Ejecutivo (PE) de los Estados Unidos solicitó la extensión del “fast track” o Autoridad de Promoción del Comercio (TPA por sus siglas en inglés) hasta julio del 2007. En caso de que el Poder Legislativo (PL) no presente observaciones, la extensión operará automáticamente. Si bien se esperan algunas objeciones en el Congreso, no es de esperar que ello obstaculice la prórroga. Los jefes de los Comités competentes (Finanzas y Medios y Arbitrios, que sirven de contralor al TPA) han manifestado que no presentarán ninguna resolución desfavorable a la extensión. El TPA establece un mandato del Congreso al PE. En este contexto, el último debe cumplir con una serie de objetivos fijados previamente por el Congreso y realizar consultas con las comisiones pertinentes al momento de negociar tratados comerciales. El Congreso, una vez concluido el acuerdo comercial, sólo podrá rechazarlo o aprobarlo en su totalidad sin poder solicitar modificaciones parciales. La necesidad del TPA se fundamenta en que el sistema constitucional norteamericano no establece una clara división de competencias entre el PE y el PL en materia de negociación de acuerdos comerciales. En este contexto el TPA clarifica la división de funciones y le otorga mayor poder de negociación al PE. El TPA permite un aumento de la credibilidad de las propuestas, en tanto el interlocutor comercial conoce que, una vez alcanzado un acuerdo, no será modificado por el PL. El último TPA fue aprobado en agosto de 2002, luego de casi 8 años de no estar vigente uno similar, y se extiende hasta julio de 2005.
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EE.UU. – TPA
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