Comienzan las discusiones en EE.UU. por la nueva ley agrícola, al tiempo que la administración de Trump busca recortes con miras a reducir el déficit fiscal.
A medida que se acerca el fin de la existente legislación agrícola estadounidense (Farm Bill) 2014-2018, las discusiones sobre las características que tendría la nueva ley cobran ímpetu. Más aún cuando se considera que, como parte del plan de recortes para el presupuesto del año fiscal 2018 enviado por la administración de Trump al Congreso, se incluyó una reducción en el gasto vinculado a la ley agrícola estadounidense.
Las premisas fueron tres: apuntar la asistencia en aquellos que más lo necesitan, eliminar los programas que no han demostrado beneficios, y hacer lo mismo con aquellos que no se consideran como responsabilidad del gobierno federal.
La propuesta del Ejecutivo incluye restringir los programas a aquellos productores que tengan ingresos anuales menores a 500 mil dólares, que representan un 98% del total, por lo que la reducción en el presupuesto para 2019 sería de 94 millones de dólares. Además, se fijaría un tope de 40 mil dólares por agricultor para los subsidios a las primas de seguro. Actualmente, el gobierno subsidia en promedio un 62% de esas primas. Con el nuevo esquema se ahorrarían 1.552 millones de dólares en 2019.
Por otro lado, se impediría que los seguros subsidiados fijen el precio como el mayor entre el proyectado a siembra o a cosecha, alentando a los productores a buscar cobertura en seguros de precios o mercados de futuros como se hacía antes de existir esa opción. Esto implicaría una caída en lo presupuestado de 1.212 millones de dólares. Existirían, además, recortes en conservación y otros programas más pequeños por cerca de 500 millones de dólares. En total, de acuerdo con las proyecciones de la propuesta, estos cambios permitirían reducciones presupuestarias del orden de 3.400 millones de dólares para 2019.
Se debe recordar que la mayor parte del gasto de la Farm Bill corresponde al Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria -anteriormente, Food Stamps-, que también enfrentaría reformas y movimientos de parte del costo hacia los gobiernos estatales.
En todo caso, la discusión no está cerrada, dado que el Congreso aún tiene que aprobar el presupuesto para 2018, y el debate por la nueva Farm Bill recién comienza, pero algunos puntos parecen vislumbrarse. Por un lado, la nueva ley agrícola se parecería mucho a la actual, dado que se plantean ajustes más que grandes reformas. Por otro lado, en la visión de Trump sobre los pagos a los agricultores podría encontrarse algo de optimismo con respecto a las posibilidades de lograr avances en materia de ayuda interna en la OMC
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