EE.UU. – LEY AGRÍCOLA

El 27 de julio el pleno de la Cámara de Representantes de los EE.UU. aprobó su versión del nuevo texto de Ley Agraria (“Farm Bill”) para los próximos seis años. La ley tuvo menos apoyos que los esperados, producto de una fuerte polémica por una enmienda de último momento, y se aprobó por 231 votos a favor y 191 en contra. La citada enmienda contiene una modificación del código fiscal para evitar que las empresas extranjeras con filiales en los EE.UU. puedan declarar determinados beneficios en otro país por operaciones realizadas con los EE.UU., y está destinada a obtener fondos para financiar la ley. La versión, que se aprobó con el título de “Farm, Nutrition and Bioenergy Act”, es muy parecida a la ley anterior. Según puede apreciarse, no hay cambios en la filosofía y las ayudas a los agricultores son incluso más dañinas para el comercio mundial. Particularmente, se mantienen los instrumentos de los programas de cultivos. Los pagos directos no fueron producto de modificación. Se hacen algunos ajustes en los precios objetivo y en los “loan rates” que gobiernan el desencadenamiento de los pagos contracíclicos y de los LDP. Los ajustes son principalmente al alza (soja, trigo y cebada), y sólo se reduce ligeramente el precio objetivo para el algodón. Además en el caso de los pagos contracíclicos, se ofrece la opción a los agricultores, por una sola vez, de optar por un desencadenamiento de los pagos en función de las rentas previstas, en lugar del tradicional desencadenamiento en función de los precios. El entusiasta apoyo que la ley ha recibido de parte de la mayoría de las organizaciones agrarias estadounidenses, contrasta con las declaraciones de la administración Bush. El secretario de agricultura, Mike Johanns, dijo que esta ley suponía un paso atrás, que iba a aumentar las ayudas distorsivas del comercio y a exponer a los EE.UU. a nuevos litigios en la OMC, y que a menos que se modificara sustancialmente, el presidente Bush la vetará. De acuerdo con el sistema legislativo en los EE.UU. el Senado debe elaborar ahora su ley, y posteriormente se establecerá una Reunión conjunta Senado-Cámara de Representantes para conciliar ambas en un texto único, que pasará a la firma del Presidente. No parece probable que estos trabajos se puedan terminar antes del mes de diciembre, o incluso a principios del próximo año.
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