EE.UU. – LEY AGRÍCOLA

El 14 de diciembre pasado el pleno del Senado de los EE.UU. aprobó, tras semanas de duros debates entre demócratas y republicanos, su proyecto para la nueva ley agrícola, conocida como la “Farm Bill”. El texto no es muy diferente del remitido por la Comisión de Agricultura, ni del aprobado por la Cámara de Representantes a finales de julio de 2007. Entre las características principales del proyecto se encuentra el mantenimiento del esquema de subsidios, lo que confirma la nula atención que los legisladores estadounidenses le están dando a las negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC. El sistema de sostenimiento de los precios sigue vigente, con incrementos en los “precios sostén” del trigo, cebada, avena, soja y azúcar. Se refuerza también el programa de ayudas directas a los productores de leche, y se mantienen en su nivel actual todos los pagos directos. Además, se crean un fondo de asistencia en caso de catástrofes y un nuevo programa opcional de aseguramiento de rentas dotado con 4.700 millones de dólares. Uno de los apartados más conflictivos del debate han sido las disposiciones de limitación de pagos por explotación. Finalmente han prevalecido los intereses de las grandes explotaciones sureñas, y el límite de renta por agricultor para poder percibir ayuda se situó en la generosa cifra de 750.000 dólares. Éste límite no operaría en el caso de que más de las dos terceras partes de la renta proceda de la agricultura. La Administración Bush, al igual que con las otras versiones de la Ley que han sido aprobadas en los diferentes órganos del Congreso, ha criticado el texto y ha vuelto a amenazar con un posible veto presidencial. El secretario de Agricultura, Chuck Connor, ha criticado con dureza la posibilidad de que se siga concediendo ayudas al 2 % de los americanos más ricos, los aumentos en los precios garantizados que van en contra de los compromisos de EE.UU. en la OMC, y sobre todo la forma de financiación de la ley. El funcionario denunció que la misma contiene 22.000 millones de financiación falsa, obtenida con “triquiñuelas” presupuestarias, y otros 15.000 millones en base a nuevos impuestos. Esta versión de la Farm Bill debería ahora ser sometida a una Comisión Conjunta del Senado y la Cámara de Representantes para tratar de conciliar un texto único con los aprobados por cada una de las Cámaras. Sin embargo, esta comisión no se ha constituido aún formalmente y la elaboración de la nueva ley agraria está resultando mucho más complicada de lo esperado. La diferencia en los sistemas que cada una de las versiones utiliza para financiar los gastos que exceden de las perspectivas presupuestarias y la real amenaza de veto del Ejecutivo, conspiran contra la posibilidad de aprobar la Farm Bill en el mes próximo. La ley de 2002 finalizó su vigencia en septiembre de 2007. Para resolver determinados problemas prácticos en la continuidad de algunos programas, el Congreso acordó prorrogar la vigencia de la ley hasta el 15 de marzo de 2008. Si los legisladores no son capaces de ponerse de acuerdo antes de esta fecha, podrían prorrogar de nuevo la ley del 2002, o automáticamente entraría de nuevo en vigor la ley agraria de 1949. La misma contiene una serie de preceptos desfasados que no se adaptan a la situación actual: por ejemplo, el precio garantizado de la leche se triplicaría.
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