EE.UU. – LEY AGRÍCOLA

El proceso para la aprobación de una nueva ley agrícola en EE.UU. parece no tener fin. El Congreso norteamericano ha aprobado una nueva prórroga de la ley anterior (Farm Bill 2002) al no lograr superar los desencuentros que mantiene con la Administración Bush. La extensión actual estará vigente hasta el 16 de mayo. Con anterioridad el Legislativo había establecido una prórroga de una semana luego de vencida el 18 de abril la prórroga anterior de un mes. Durante la última semana del mes de abril parecía que la situación estaba cercana a resolverse. El martes 29 estaba prevista una decisiva reunión de la Conferencia Bicameral que posiblemente cerraría el proceso. Sin embargo, ese mismo día unas duras declaraciones del presidente Bush provocaron la suspensión de la reunión. El mandatario expresó que “este no era el momento de pedir a las familias americanas, que ya están teniendo que pagar más en la caja del supermercado, que paguen más en subsidios a agricultores acomodados”. Entre los aspectos que no agradan a la Administración se encuentran: 1) El presupuesto financiero de la ley: el Ejecutivo ya había aceptado una ley con un límite de gasto que superase en 10.000 millones de dólares las perspectivas presupuestarias, sin embargo el Senado no parece dispuesto a bajar de 18.200 millones. En relación a esto, están las dificultades para conseguir fuentes de financiación para estos millones adicionales cumpliendo las restricciones del Congreso de no aumentar el déficit público y del Presidente de no aumentar la presión fiscal. 2) Los límites de renta para poder recibir ayudas: los límites considerados por la versión de las Cámaras todavía son muy elevados a juicio de la Administración. 3) Los programas de ayudas: el Congreso prevé aumentar las ayudas que distorsionan el comercio y son clasificadas en la “Caja ámbar”de la OMC, en oposición al Ejecutivo que no quiere aumentar el riesgo de que EE.UU. sea demandado en el Órgano de Solución de Diferencias de esta organización. De esta manera, se aumentan los precios objetivos que regulan los Pagos Contracíclicos para trigo, cebada, avena y soja, y los “loan rates” que desencadenan los LDP (Loan Defficiency Payments) para lana, miel azúcar y garbanzos. Además, el borrador legislativo contiene un fondo permanente para desastres que pasaría a engrosar la “Caja ámbar” estadounidense. En este contexto el Secretario de Agricultura ha pedido una extensión de la vieja ley por un período de tres años, lo que en su opinión permitiría retomar el asunto después de noviembre con un nuevo Presidente, un nuevo Congreso, y posiblemente con un acuerdo en la Ronda de Doha. En el Legislativo esta posibilidad no despierta entusiasmo y sus miembros están concentrados en conseguir el mayor apoyo posible en el Congreso, para intentar superar el potencial veto presidencial. Recordamos que si el Presidente decide vetar la ley el Legislativo necesitaría de una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras para superarlo.
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