TLC UE – EE.UU

Luz verde para las negociaciones transatlánticas. Durante la Cumbre del G-8 celebrada en Lough Erne, Irlanda del Norte, los líderes de Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron el inicio formal de las negociaciones de un Acuerdo de Asociación Comercial y de Inversiones Transatlántico (TTIP, por sus siglas en inglés). Se espera que las mismas concluyan a finales de 2014. En una conferencia de prensa conjunta, el presidente de EE.UU., Barack Obama, el presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, y el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, informaron que la primera ronda de negociaciones se realizará en Washington el 8 de julio. Francia ha solicitado una postergación de la misma, hasta tanto no se aclaren las acusaciones de espionaje que involucran al gobierno norteamericano. El anuncio ocurre luego de que el pasado 14 de junio el Consejo aprobara su mandato negociador, dando “luz verde” a la CE para que negocie en nombre de la UE. Una vez finalizadas las negociaciones, el Parlamento Europeo y el Consejo deben aprobar su resultado. Básicamente, el mandato contiene tres elementos principales: a) acceso a mercados, donde se buscará suprimir todos los aranceles con un trato especial para los productos sensibles, conciliar las normas de origen, y abrir los sectores de servicios, inversiones y compras públicas al menos en la misma medida que en otros acuerdos ya firmados; b) convergencia reguladora, donde se pretende reducir los costes y retrasos innecesarios para las empresas, manteniendo un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad, los consumidores y el medio ambiente; y c) normas comerciales sobre retos mundiales compartidos, cuyo objetivo es abordar áreas que van más allá de los intercambios comerciales y contribuirán al refuerzo del sistema multilateral, como el mantenimiento y la promoción de un elevado nivel de protección de la propiedad intelectual e industrial. Las partes confían en que este acuerdo ayudará a sus países a salir de la crisis. Se espera que el tratado cree puestos de trabajo y genere crecimiento, mejorando el acceso a los mercados, aumentando la compatibilidad entre las normativas y allanando el camino para el establecimiento de normas mundiales. EE.UU. y la UE sostienen que su importancia económica animará a sus socios a adaptarse a las nuevas normas transatlánticas. “No hay forma más poderosa de alcanzar la prosperidad que aumentar el comercio”, indicó el primer ministro del Reino Unido, David Cameron. Estimaciones de la CE señalan que el TTIP podría significar hasta un incremento del 1% del PIB de la UE, y reportar importantes beneficios económicos anuales para ambas partes, 119 mil millones de euros a la UE y 95 mil millones de euros a Estados Unidos. Dado que sus aranceles promedio son relativamente bajos (5,2% en la UE y 3,5% en EE.UU.), los mayores beneficios provendrían de la armonización de estándares y regulaciones “al interior de las fronteras”. Si bien el anuncio fue bienvenido en ambos lados del Atlántico, se pusieron de relieve las dificultades que las negociaciones deberán enfrentar para arribar a un resultado exitoso. La denominada “excepción cultural” fue uno de los temas controvertidos en los debates en el Consejo Europeo para definir las directrices de negociación. Francia advirtió que bloqueará las negociaciones si no se excluyen los bienes y servicios audiovisuales de algunas disciplinas comerciales. Por el momento, la UE decidió que estos servicios no formen parte de su mandato. «La integración de dos de las mayores economías del mundo no puede ser nunca una tarea fácil, pero vamos a encontrar respuestas convincentes a las preocupaciones legítimas», expresó Barroso. Obama, por su parte, señaló que a pesar de que existen sensibilidades, es optimista de que las partes llegarán a un acuerdo, siempre que se concentren en los importantes beneficios que este traerá y no reduzcan el nivel de ambición por el simple hecho de alcanzarlo. El comisario europeo de Comercio, Karl de Gucht, resaltó que la promoción del comercio y la inversión no se harán a costa de rebajar las normas internas sobre medio ambiente, trabajo, privacidad o seguridad ni las políticas destinadas a proteger a los consumidores.
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