Todo igual (por ahora).

La Unión Europea (UE) no ha logrado ponerse de acuerdo para modificar la Directiva de Energías Renovables de 2009. En esta se dispone que para 2020 la UE debe incorporar en su paquete energético un 20% de energías renovables, y un 10% de la energía utilizada en el sector del transporte debe provenir de fuentes limpias, sin importar su origen. Desde su implementación han surgido críticas, señalándose que estos objetivos podrían generar efectos secundarios negativos. El principal temor es la utilización de tierras agrícolas no para la alimentación sino para la producción de combustibles. Por esta razón es que empezaron a barajarse diversas propuestas de reforma. En 2012 la Comisión Europea planteó que los biocombustibles provenientes de cultivos como maíz, trigo, remolacha, soja o colza -es decir, aquellos que pueden interferir en la producción de alimentos- supusieran como máximo un 5% de la energía renovable usada en el transporte en 2020. El 5% restante debería ser cubierto con biocombustibles de última generación, que son aquellos fabricados a partir de residuos y otras fuentes alternativas como la paja, que supuestamente emiten menos gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles y otros “limpios” como el hidrógeno o la electricidad. El Consejo Europeo tomó este proyecto, pero elevó el porcentaje hasta el 6%. Más tarde, ante las reticencias mostradas por algunos países, la presidencia lituana presentó un texto de compromiso en el que se elevaba la cuota para biocombustibles tradicionales al 7%, un límite aceptado por países como Alemania y Portugal. Además, proponía no incluir ningún mínimo obligatorio para los biocombustibles de nueva generación, de manera que la apuesta por los mismos sea voluntaria. Sin embargo, este texto no logró captar el apoyo de socios como Italia, Reino Unido o Dinamarca, que se opusieron a la falta de ambición de la iniciativa lituana y se mostraron contrarios a elevar el límite reservado para los biocombustibles tradicionales, a la vez que pidieron mantener una cuota mínima reservada a los biocombustibles de segunda generación. Finalmente, la propuesta fue desestimada. Siete países votaron en contra, entre ellos Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca e Italia ya que consideraron que el límite debía ser de 5%. Hungría y Polonia, en cambio, votaron en contra por creer que el techo propuesto era «muy bajo», lo que dejó en evidencia las grandes diferencias existentes entre los Miembros. Tampoco logró aprobarse otro de los aspectos de la propuesta, referido a la inclusión del ILUC (Indirect Land Use Change) en el cómputo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El objetivo es integrar a partir de 2020 en el cálculo de las emisiones de gases con efectos invernadero de los diferentes biocombustibles las consecuencias de la utilización creciente de tierras agrícolas. En el último tiempo han surgido múltiples estudios que indican que los modelos desarrollados para calcular el impacto del ILUC carecen de la certidumbre científica suficiente para adoptar medidas regulatorias. También señalan que ésta medida va a desestabilizar aún más el mercado de productos agrícolas, ya que la demanda dirigida a energías limpias contribuye a nivelar el mercado cuando los precios están muy bajos, y a la vez supone una amenaza para el empleo en zonas rurales generado a partir de la creación de plantas de biocombustibles. Las amplias distancias entre las posiciones de los distintos países sobre cuestiones clave de la propuesta hacen prácticamente imposible que se logre desbloquear el asunto y pactar un consenso con el Parlamento Europeo antes de las elecciones de mayo, lo que retrasará aún más la adopción de nuevas reglas.
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