A principios de marzo, los países de la Unión Europea (UE) apoyaron la reapertura de la reforma legislativa sobre los transgénicos para poner fin al sistema vigente. Los ministros de Medioambiente de la UE debatieron una propuesta que pretende dar mayor libertad a los Estados Miembro para restringir o prohibir en sus respectivos territorios el cultivo de OGM.
De esta forma, los países que están en contra de los OGM podrán prohibir el cultivo de manera particular en sus territorios. La realidad es que, actualmente, cada país puede prohibir la entrada de estos alimentos, aunque sin un marco legal que respalde estas decisiones, lo que puede acarrear quejas ante la OMC. Por tanto, la intención de la Comisión Europea (CE) es ofrecer este marco para que los países puedan prohibir los OGM individualmente a cambio de no bloquear su comercialización a nivel europeo.
Con la excepción de Francia y Bélgica, todos los países consideraron que la propuesta de compromiso elaborada por la presidencia semestral de la UE, que ejerce Grecia, es «una buena base» para intentar llegar a un acuerdo político este año.
Francia, por su parte, planteó la idea de una autorización a dos niveles (nacional y europeo), propuesta que no recabó el apoyo del resto de las delegaciones, aunque Alemania pidió a la CE que también la tenga en cuenta.
El ministro español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, señaló que era deseable que la UE tenga una norma que brinde cobertura a nivel comunitario a la utilización de OGM. Lamentó la actual en la que, mientras todo el resto del mundo está desarrollando estas tecnologías y avanzando en la investigación y cultivo, la UE sea una “isla alejada del progreso”.
El hecho que marcó la necesidad de reabrir la discusión se suscitó en febrero, cuando los Estados Miembro no consiguieron reunir la mayoría necesaria ni para rechazar ni para autorizar el cultivo del maíz transgénico 1507, resistente a ciertas larvas de insectos nocivos para la planta. A pesar de que 19 países votaron contra la autorización no se logró un acuerdo, por lo que la CE anunció que, en aplicación de la normativa vigente, se verá obligada a aprobar el cultivo del nuevo maíz.
Debe recordarse que en 2006 la OMC emitió un fallo condenando a la UE, ya que se determinó que la aplicación de su proceso de aprobación de OGM entre 1999 y 2003 violó efectivamente el derecho internacional, al provocar «demoras indebidas» en la aprobación de este tipo de productos.
Si bien Argentina y Canadá, dos de los denunciantes, llegaron a una «solución mutuamente convenida» con la UE, al mantener conversaciones bilaterales sobre cuestiones de acceso al mercado de la biotecnología agrícola; EE.UU. solicitó la autorización para aplicar represalias. Sin embargo, los procedimientos de arbitraje en este último caso se encuentran suspendidos desde 2008.
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