El apoyo a los productores agropecuarios en toda el área de la OCDE ascendió a 258 mil millones de dólares en 2013, medido por el Apoyo Estimado al Productor (PSE, por sus siglas en inglés), según el documento Seguimiento y Evaluación de las Políticas Agrícolas 2014.Esta cifra equivale al 18% del ingreso agrícola bruto de los países analizados, porcentaje ligeramente inferior al 19% de 2012. Cuando la OCDE comenzó a medir el apoyo a los agricultores a mediados de la década del 80, el PSE representaba el 37% de los ingresos brutos.
A causa de los precios relativamente altos de los productos básicos, el apoyo a los precios de mercado disminuyó en los últimos años; aunque siguió representando la mitad del PSE en 2013. Si los precios continúan con la actual tendencia decreciente, los subsidios bajo este tipo de programas podrían aumentar significativamente. El porcentaje de ayudas con la mayor distorsión potencial para la producción y el comercio, definidos como transferencias basadas en la producción y el uso de insumos variables, fue de 51%.
De acuerdo a la OCDE, los avances hacia una política agrícola que distorsione menos el mercado y sea más eficiente en la transferencia de ingresos hacia los productores son desiguales. Por este motivo, se exhortó a acercar a los productores a las señales del mercado. Sólo algunos países están tomando medidas para otorgar subsidios que no afecten directamente las decisiones de producción actuales, dejando de apoyar a los agricultores a través de políticas que aumenten los precios internos. Se instó a consolidar estos esfuerzos evitando un re-acoplamiento de las ayudas.
Las diferencias en los niveles de apoyo entre los países siguen siendo grandes. En Nueva Zelanda, Australia y Chile se observan los niveles más bajos, donde menos del 3% del ingreso agrícola bruto correspondió a transferencias de políticas públicas en el período 2011-13. Por otra parte, en Noruega, Suiza, Japón, Corea del Sur e Islandia, entre la mitad y las dos terceras partes del ingreso agrícola bruto se origina en subsidios gubernamentales.
Siguiendo la metodología de la OCDE, Gallacher y Lema (2012) calcularon los apoyos recibidos por los productores argentinos. Contrariamente a lo que acontece en el resto de los países relevados, en Argentina el sector agrícola recibe apoyos negativos, originados fundamentalmente en las diferencias entre los precios domésticos al productor en presencia de políticas públicas y los precios de referencia internacional, que representan el precio de oportunidad teórico para el productor. Estas diferencias están explicadas, en su mayor parte, por los efectos de las políticas de derechos y restricciones a las exportaciones. Para el promedio 2007-11, los productores recibieron apoyos negativos equivalentes al 32% de sus ingresos brutos. Esto significa que el sector dejó de percibir en promedio 11.600 millones de dólares, que fueron transferidos al resto de la economía vía precios más bajos de los productos y recaudación fiscal.
(Ver el gráfico en la versión en pdf. del Boletín)
Por otro lado, en el documento la OCDE destaca la entrada en funcionamiento de nuevos marcos de políticas agrícolas en 2014. En Canadá, el programa Growing Forward 2 concede mayor importancia a las inversiones a largo plazo para mejorar la productividad y la sustentabilidad, pero mantiene sus planes de regulación de oferta. La redistribución de los pagos directos dentro y entre los Estados Miembro de la Unión Europea, la mayor flexibilidad a nivel nacional para instrumentar políticas, así como el mayor esfuerzo para mejorar la eco-eficiencia de la agricultura, son elementos decisivos de la Política Agrícola Común para el período 2014-2020. Japón ha anunciado cambios en su política pública que incluyen la eliminación escalonada de las cuotas de producción en el muy protegido sector del arroz, y la restricción de algunos pagos directos a los “principales” agricultores. México también anunció un cambio de dirección en su política para el sector, con planes para reorientar su principal programa de apoyo, volviendo a asociar los pagos con las compras de insumos agrícolas. Suiza, por su parte, ha afinado su programa de pagos directos para identificar mejor prácticas agrícolas específicas y para disociarlo más de la producción pecuaria, manteniendo altos niveles de protección general. Finalmente, la Ley Agrícola de 2014 aprobada recientemente por Estados Unidos elimina los pagos directos a los agricultores, al tiempo que aumenta el gasto en esquemas que permitan al productor reducir los riesgos climáticos y de mercado.
Para la OCDE, al momento de diseñar sus políticas públicas relacionadas con la agricultura, los países deben centrarse más en la innovación para mejorar la productividad y la sustentabilidad; y en fortalecer la capacidad del sector para adaptarse a los cambios en los mercados y la disponibilidad de recursos naturales. En este sentido, aumentar la capacidad del sector agrícola para contribuir al crecimiento económico y al empleo requiere de mayor coherencia con el resto de las políticas macroeconómicas, comerciales, estructurales, sociales y ambientales, que permita una mayor captación de recursos y el desarrollo de negocios innovadores.
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