La Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo (PE) aprobó el pasado 24 de febrero una propuesta legislativa que establece un límite a los biocombustibles tradicionales, y acelera la transición hacia aquellos fabricados con fuentes alternativas, tales como algas marinas y desechos. En la actual legislación se exige a los Estados miembros garantizar que la energía renovable sume al menos un 10% del consumo energético en el transporte en 2020.
Debe remarcarse que se llegó a esta votación con posiciones diferentes en cada una de las instituciones de la UE. Inicialmente, la Comisión Europea (CE) había propuesto un techo del 5% para los biocombustibles de cultivos alimentarios o convencionales para 2020. Por su parte, la propuesta del Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea acordó también limitar los biocombustibles de primera generación, pero al 7%. En cuanto a los avanzados o de segunda generación, se fijó un 0,5% indicativo y se dispuso no tomar en consideración el cambio indirecto del uso de la tierra (ILUC, en sus siglas en inglés) en el cómputo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
La propuesta del PE señala que los biocombustibles de primera generación no deberían superar el 6% del consumo energético final en el transporte en esa fecha. Por otro lado, los biocombustibles avanzados, fabricados a partir de algas marinas o ciertos tipos de desechos, deberían representar al menos un 1,25% del consumo energético en el transporte para el mismo periodo. Reitera, además, su llamamiento a tener en cuenta el proceso de «cambio indirecto del uso de la tierra» (ILUC).
Los eurodiputados también dieron un mandato al ponente de esta propuesta, el eurodiputado finlandés Nils Torvalds, del Grupo de Liberales y Demócratas, para que inicie ahora las negociaciones con la CE y los Estados miembros, representados en el Consejo de la UE, para lograr un consenso definitivo y su aprobación final.
La propuesta no logró contentar al sector productivo, el cual por medio de la organización de agricultores y cooperativas agrarias europeas (Copa-Cogeca), había solicitado que se garanticen que al menos un 8% de los combustibles para el transporte provengan de biocombustibles procedentes de cultivos herbáceos de aquí a 2020, ya que cualquier tipo de recorte iría en detrimento del crecimiento y el empleo, los objetivos climáticos y energéticos y el suministro de pienso. Asimismo, pedían que se definiera un objetivo vinculante para los biocombustibles avanzados y no se incluya el ILUC en las reformas de las directivas.
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