El Parlamento Europeo (PE) rechazó a finales de octubre la propuesta legislativa de la Comisión Europea (CE), por la cual se permitiría a los Estados miembros restringir o prohibir la venta y utilización en su territorio de alimentos o piensos transgénicos autorizados a nivel comunitario.
Para los eurodiputados, la medida sería prácticamente inaplicable y podría llevar a la reintroducción de controles fronterizos entre los países a favor y en contra de los OGM. Por esto se pidió a la CE que presente una nueva propuesta.
Se señaló que no se había elaborado un estudio sobre los efectos de la propuesta, su compatibilidad con el mercado único y, especialmente, su viabilidad. También se advirtió que la medida tendría un impacto negativo sobre el sector agrícola de la UE, que es muy dependiente de los transgénicos para el suministro de proteínas.
La propuesta, que modifica la legislación comunitaria actual sobre transgénicos, fue presentada por la Comisión Europea el pasado mes de abril. La iniciativa buscaba complementar a otra norma vigente que permite a los países prohibir el cultivo en su territorio de OGM aprobados a nivel comunitario. Mediante la Directiva (UE) 2015/412, se concede a los países más flexibilidad para decidir sobre el cultivo de plantas modificadas genéticamente. Por esta norma los Estados pueden, durante el procedimiento de autorización, pedir que se modifique el ámbito geográfico de la solicitud para garantizar que su territorio no esté cubierto. Asimismo, después de que se haya autorizado un OGM, pueden prohibir o restringir el cultivo de la planta aduciendo motivos relativos, entre otras cosas, a los objetivos de la política medioambiental o agraria, o bien otros motivos imperiosos, como la ordenación urbana y rural, el uso del suelo, las repercusiones socioeconómicas, la coexistencia y el orden público.
Para justificar su negativa, el PE remarcó que mientras el cultivo tiene lugar necesariamente dentro del territorio de un país, el comercio puede conllevar cruce de fronteras, por lo que el veto de uso y venta puede ser difícil o imposible de imponer si no va acompañado de controles sobre las importaciones.
Ahora debe expedirse el Consejo Europeo, que actúa como colegislador junto al Parlamento. Si éste también la rechaza la iniciativa será suprimida.
Por otro lado, el PE instó a mediados de diciembre a la CE a que retire la autorización de un tipo de maíz transgénico para su uso en alimentos o piensos. Se trata del maíz NK603xT25, cuyo uso fue aprobado a principios de dicho mes por el Ejecutivo comunitario. En la misma ocasión también había sido aprobado el maíz MON87427, pero no fue cuestionado por el PE.
Según argumentó la CE, ambos OGM pasaron todas las fases del proceso de autorización previsto por la legislación, y recibieron una evaluación científica favorable por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés). Ambos productos no recibieron una mayoría de votos a favor ni en contra por parte de los países de la UE, por lo que la CE procedió a su autorización, tal como se prevé en esos casos.
El PE solicitó se retire la autorización al uso de este maíz que tolera el glifosato para comida y alimentación animal, sosteniendo que el glifosato es un herbicida clasificado como «probablemente cancerígeno» por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Más que de una cuestión científica, se trata de una lucha de poderes políticos, en la que ambos órganos de la UE tratan de primar sobre el otro.