EE.UU., Japón y la Unión Europea han señalado al menos cierta desconfianza sobre el nuevo sistema de licencias aplicado por Argentina, en reemplazado de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI). En la reunión del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC del pasado 26 de enero, estos países indicaron que Argentina no ha cumplido con el fallo de la OMC, ya que se ha cambiado al sistema de las DJAI con un sistema muy similar.
En efecto, a partir del 23 de diciembre de 2015 se dejaron atrás las DJAI y se implementó un sistema de licencias automáticas (LA) y licencias no automáticas (LNA), bajo el denominado Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).
EE.UU. sugirió que Argentina se ha limitado a reemplazar a las DJAI con un nuevo sistema que somete a numerosos productos a licencias no automáticas de importación, y que según su parecer, aun deja en manos de los funcionarios del gobierno discrecionalidad en la decisión de conceder o denegar los permisos de importación.
Por el lado de la UE, fue la Comisión Europea señaló que si bien se había observado que Argentina había terminado o reducido el impacto de varias medidas que tuvieron un fuerte impacto negativo en el comercio, se iba continuar prestando atención para que las medidas que sustituyeron a los DJAI no se conviertan en medidas comerciales restrictivas.
A pesar de su insatisfacción con los intentos de Argentina de dar cumplimiento al fallo, ninguno de los demandantes dijeron que buscarían la formación de un panel de cumplimiento en la OMC. En su lugar, se acordó continuar el seguimiento de los cambios de Argentina a su política comercial y mantener el diálogo en busca de una resolución.
Sin embargo, las críticas no solo vienen desde el exterior. Algunos sectores vinculados a la importación afirman que el SIMI implementado por la administración de Mauricio Macri tiene en suspenso la entrada al país de insumos, materiales y repuestos que muchas empresas necesitan en sus procesos productivos.
En la actualidad la cantidad de posiciones arancelarias sujetas a LNA es de casi 1400 (en 2012 eran 600), lo que representa el 12,4 por ciento de las posiciones arancelarias, y que, según el gobierno, permiten monitorear a los sectores sensibles. También agregan que la decisión de incluir o no los productos en el régimen de LNA surgió del diálogo mantenido con los distintos sectores productivos. Por su parte, los importadores señalaron que muchos de los productos que necesitan de la aprobación de una LNA no se fabrican en el país, por lo que no se entiende cuál es el motivo por el que no se agiliza su entrada.
La aplicación de LNA es una práctica legal de acuerdo a la normativa OMC, en la medida en que sean temporales y no produzcan distorsiones en el mercado. A diferencia de las DJAI, la LNA deben resolverse en un plazo determinado, de entre 30 y 60 días. La forma en que se apliquen determinará si Argentina se encuentra cumpliendo con el fallo de la OMC o si nuevamente se verá sometida a cuestionamientos de sus socios comerciales.