Se cumplieron dos décadas desde la liberación del primer Organismo Genéticamente Modificado (OGM) en Argentina. Fue el segundo país en el mundo que adoptó los cultivos transgénicos, en marzo de 1996, pocos meses después que EE.UU.
En la actualidad se ha llegado a 36 eventos autorizados, con la publicación de la Resolución 25/2016, por la cual el Ministerio de Agroindustria aprobó la comercialización de un nuevo maíz OGM, desarrollado por la empresa DuPont Pionner Argentina. El mismo otorga al cultivo resistencia a los insectos lepídopteros y al herbicida glufosinato de amonio, además de ofrecer tolerancia al glifosato, lo que permite reducir las aplicaciones de herbicidas e insecticidas.
El maíz es el cultivo para el cual se han generado la mayor cantidad de eventos, con 23. Le siguen la soja, con ocho (donde se incluye la famosa RR), el algodón con cuatro y solo uno de papa, aprobado el pasado año.
El Secretario de Agregado de Valor, Néstor Roulet, junto a técnicos del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), destacó el trabajo realizado en la materia y presentó las políticas de aprobación de eventos biotecnológicos que desarrollará la cartera nacional para aumentar la producción y cuidar el medio ambiente. Resaltó que en 2016 se pretende aprobar otros cuatro eventos: cártamo, caña de azúcar, papa y soja. Señaló que los mismos se encuentran muy desarrollados y que están pensados para producciones extensivas, regionales y diversificadas.
El avance de la biotecnología, sobre todo en el ámbito de la producción agrícola no está (ni ha estado) exento de complejidades. A nivel interno, en Argentina, aun se debe zanjar el conflicto entre semilleras y productores respecto de la cuestión del uso propio de la semilla. De acuerdo a la ley 20.247, que es la norma vigente en la actualidad, el productor puede reservar su propia semilla para sembrarla, sin necesidad de autorización del propietario de la variedad. Esto implica que una vez adquirida legalmente, el productor puede seguir multiplicándola en su campo sin requerir conformidad por parte del obtentor.
El INASE ha venido regulando, por medio de resoluciones, las condiciones bajo las cuales puede considerarse la semilla como de uso propio. De hecho, estableció que para la campaña 2015/2016, los productores debían informarle la cantidad de semilla reservada a tal fin, el tipo de variedades y el lugar donde se encuentra almacenada, antes del 30 de junio post campaña.
Y dentro de este complejo contexto, surge la propuesta de Monsanto, que para vender su soja Intacta (variedad que además de ser resistente al glifosato, posee resistencia a lepidópteros) celebró contratos con productores que se comprometían al pago de regalías. A su vez, la empresa cerró con los exportadores un acuerdo para que éstos inspeccionen la presencia de dicha soja, con el fin de evitar la evasión del pago de regalías.
Una nueva vuelta de tuerca sobre el conflicto vino dado por la publicación de la Res. 140/16 del Ministerio de Agroindustria. Por la misma se dispone que “todo sistema, procedimiento o método de control, muestreo y/o análisis que se utilice en el comercio de granos para pesar, medir, mejorar, conservar y analizar semillas, deberá contar con autorización del Ministerio”.
De esta manera el sistema de cobro automático de regalías de Monsanto dejaría de tener vigencia al no validarse el método de control del evento RR2 PRO, así como las distintas alternativas privadas barajadas hasta la fecha.
Como se ve, se trata de una situación muy compleja, que requiere una nueva Ley de Semillas que permita el delicado equilibrio entre el avance tecnológico y la utilización de semilla propia por parte de los productores.
En el ámbito externo, además de la oposición de algunos países al uso de OGM, se debe sortear la dificultad planteada por aprobación asincrónica de eventos. Esta situación surge cuando, por ejemplo, un país productor aprueba determinado evento y el país comprador aun no lo ha hecho. Esto genera retrasos en la comercialización y potenciales conflictos por los embarques que puedan contener presencia de niveles bajos de OGM no aprobados debido a posibles residuos de estos granos a lo largo de la cadena de distribución