EE.UU. – LEY AGRÍCOLA

El proyecto de Ley agraria, que pasó hace algunas semanas de la Comisión de Agricultura del Senado al plenario del mismo, está encontrando dificultades para avanzar, debido al elevado número de enmiendas presentadas. La cercanía de las elecciones presidenciales y la futura elección de miembros del Congreso han generado que la ley se vea envuelta en política electoral, y que opositores y amigos del texto traten de sacar provecho del mismo. Ante esta situación, el líder de la mayoría demócrata, Harry Reid, propuso que se adopte el procedimiento denominado “cloture” para recortar el debate al permitir que sólo ciertas reformas consideradas relevantes sean discutidas en el plenario. Reid pretendía evitar que el poco tiempo que quedaba antes del receso de Acción de Gracias se gastara en discusiones extensas en enmiendas que ni siquiera se relacionan con apoyos a la agricultura, sin lograr una votación final sobre el fondo de la ley. Sin embargo la propuesta no prosperó y los propulsores de la “Farm Bill” se han ido al receso con una derrota. Lo anterior augura que la ley ya no podrá aprobarse este año, ya que en su vuelta al trabajo el Congreso se verá enfrascado en una intensa agenda por la votación de más de una decena de autorizaciones de gasto para el Poder Ejecutivo, incluyendo polémicos gastos militares de la campaña en Irak. Si no se llegara a una decisión sobre el nuevo Farm Bill, el Congreso podría extender la presente legislación por unos meses más. En efecto, senadores republicanos presentaron un proyecto de ley que extiende por un año el “Farm Bill 2002”, el cual expiró el 30 de septiembre pasado. Sin una reautorización la política agrícola se revertiría a las leyes originales de 1939 y 1949, las cuales contienen programas muy diferentes a los actuales. Coincidiendo con el debate en el pleno del Senado, la administración del presidente Bush lanzó un duro ataque hacia los trabajos que está desarrollando el Congreso para conformar la legislación agraria para los próximos 5 años. El día 6 de noviembre la Oficina Presupuestaria del Presidente emitió una declaración en donde critica principalmente la forma en que se va a financiar la ley y el mantenimiento, y en ocasiones el incremento, de las ayudas dañinas para el comercio mundial. Con respecto a los programas de subsidios contemplados por las versiones de la ley debatidas en el Congreso, la nota expresa que ponen a los EE.UU. en una situación muy complicada de cara a las negociaciones de la Ronda Doha e incrementan el riesgo de denuncias ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC. En particular hace referencia a: 1) el mantenimiento de los programas de sostenimiento de los precios y el aumento de algunos precios mínimos, que hace que las ayudas dañinas para el comercio no solo se reduzcan sino que, incluso, se incrementen; 2) el mantenimiento de la prohibición de cultivar frutas y hortalizas en las superficies base, en contra de lo establecido por el fallo del algodón de la OMC; y 3) la creación de un nuevo programa denominado “Average Crop Revenue”, que transforma los actuales Pagos Directos permitiendo la actualización de las superficies base (esto evitaría catalogarlos dentro de la Caja verde donde se incluyen los subsidios que no dañan, o lo hacen en grado mínimo, al comercio). Por último, la declaración asegura que si la Ley se aprobase por el Congreso en su forma actual, los asesores del Presidente le recomendarían que ejerciese su derecho de veto. Recordamos que la Cámara de Representantes ya aprobó su versión de la nueva ley agrícola el 27 de julio pasado. Una vez obtenida la versión que se encuentra debatiendo en el Senado, una Comisión Mixta deberá consensuar una versión unificada de la ley. La misma pasará a consideración del Poder Ejecutivo. En caso de que finalmente el Presidente decidiese vetar la ley, ésta sería devuelta al Congreso, que tendría la complicada tarea de reunir una mayoría de dos tercios para poder superar este veto.
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