Convencidos de que la amenaza de veto al proyecto de ley agrícola (Farm Bill) era real, los miembros del Congreso de los EE.UU. comenzaron una intensa negociación con la Administración Bush, a través del Departamento de Agricultura, para conciliar una versión de la ley que el presidente “pueda firmar”. El principal obstáculo es ajustar el gasto previsto en la ley a las perspectivas financieras, de modo que se cumplan con las disciplinas presupuestarias del Congreso, sin recurrir a incrementar la presión fiscal. Con este fin, se están debatiendo una serie de reformas a las versiones de la ley aprobadas por el legislativo estadounidense durante el año pasado, entre ellas: 1) eliminar todos los incrementos previstos para los precios mínimos, conservándolos en los niveles actuales; 2) modificar el programa de Pagos Contracícilicos, para que las ayudas se desencadenen en función de las renta nacional de los agricultores y no de los precios de los productos; 3) reducir los programas de nutrición, energía y conservación y 4) reducir el límite máximo de rentas para poder percibir ayudas. Tanto el secretario de Agricultura, Ed Schafer, como el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, Colin Perterson, han realizado declaraciones optimistas sobre la posibilidad de terminar la nueva ley antes de que expire la prórroga que se hizo de la ley anterior, el próximo 15 de marzo. En caso de que no se arribe un acuerdo antes de la fecha prevista volvería a entrar en vigor la ley de 1949, con lo que se crearía un vacío en numerosos programas en funcionamiento. No obstante, los legisladores podrían negociar una nueva prórroga del Farm Bill 2002.
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EE.UU. – LEY AGRÍCOLA
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