EE.UU. – LEY AGRÍCOLA

El Congreso norteamericano estableció una nueva prórroga de la ley agrícola anterior (Farm Bill 2002) hasta el 18 de abril próximo, ante la falta de consenso en el Comité Parlamentario encargado de presentar un texto que concilie las versiones aprobadas por el Senado y la Cámara de Representantes, y que cumpla con los requisitos que exige la Administración Bush. Recordamos que la ley aprobada en 2002 finalizó su vigencia en septiembre de 2007, sin que el legislativo se hubiera puesto de acuerdo en una nueva ley. En diciembre se decidió prorrogar la antigua ley hasta el 15 de marzo, para evitar un vacío que causaría numerosas distorsiones en el sector y conseguir tiempo para conciliar las versiones de las dos Cámaras del Congreso. Además, los congresistas debían enfrentarse a una seria amenaza de veto del Presidente. La Administración basa su oposición a estos proyectos principalmente en los mecanismos utilizados para generar fondos para financiar la ley, porque incrementan la presión fiscal, así como en la falta de reformas en algunos programas de cultivos, que exponen a los EE.UU. a nuevas demandas ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC. En estos momentos las negociaciones se desarrollan a “tres bandas” (Cámara de Representantes, Senado y Poder Ejecutivo) con el objetivo de arribar a un consenso antes de que expire la nueva prórroga. Según fuentes en Washington, las partes se habrían puesto de acuerdo en que la nueva ley tendrá un gasto que superará en 10.000 millones de dólares a las proyecciones presupuestarias. Esta base presupuestaria es menor a la contemplada en las versiones del legislativo, lo que implica el problema de decidir dónde se recorta. La otra gran dificultad es encontrar fuentes de financiamiento para esos millones adicionales sin incrementar la presión fiscal. El entorno del Presidente ha afirmado que, de llegarse al 18 de abril sin una nueva ley, no va a admitir nuevas prórrogas de escasa duración y que exigirá al Congreso una prórroga de al menos un año. Sin embargo, esta alternativa no sería bien vista por los congresistas. La opción sería que las leyes agrarias de 1938 y de 1949 volvieran a entrar en vigor, ya que las que se han promulgado desde entonces han funcionado como modificaciones temporales y parciales de aquellas. El Departamento de Agricultura publicó recientemente un informe que describe este posible escenario. En el mismo, se puede comprobar que el número de cultivos protegidos se reduciría considerablemente, y entrarían en vigor programas y requisitos que serían considerados desproporcionados y de imposible aplicación práctica. Muchos de los programas actuales, como los Pagos Contracíclicos y los LDP (“Low Defficiency Payments”), dejarían de ser aplicados.
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