EE.UU. – LEY AGRÍCOLA

El pasado 22 de mayo el Congreso norteamericano aprobó, luego de un año de intensos debates, la nueva Ley Agraria (“Farm Bill”). La “Ley de agricultura, nutrición y bionergía de 2008” contará con un presupuesto de aproximadamente 300 mil millones de dólares para cubrir programas de apoyo al agro estadounidense para el total de los próximos 5 años. Se estima que cerca de dos terceras partes de este presupuesto estarán destinadas a programas de nutrición y alimentación domésticos, un 10 % a programas de conservación y un 15 % a los tradicionales programas de subsidios. La Administración Bush se mostró muy crítica desde el inicio del proceso de gestación de la ley por considerar que las versiones debatidas en el Congreso aumentaban las ayudas a los agricultores y exponían a los EE.UU. a nuevas demandas en el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC. Meses de negociaciones no pudieron limar las diferencias y el Presidente terminó vetando el proyecto enviado por el Legislativo. Sin embargo, el fuerte respaldo bipartidista conseguido en el Congreso permitió alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria para superar el veto presidencial y sancionar la ley. En términos generales, esta ley sigue la filosofía de su predecesora y las ayudas a los agricultores podrían ser, incluso, más dañinas para el comercio mundial. En lo que respecta a los programas de ayuda interna a los productos básicos la ley mantiene la misma estructura de su versión anterior. Se producen ajustes principalmente al alza en los “precios meta” y los “precios sostén” de la mayoría de los cultivos (trigo, sorgo, cebada, avena, soja y otras oleaginosas) para el período 2010-2012, manteniendo sin cambios los de maíz. Estos precios activan los desembolsos en conceptos de Pagos Contracíclicos y Préstamos para la Comercialización (“LDP”), funcionando como niveles mínimos garantizados a los agricultores estadounidenses en el desarrollo de su actividad. Como novedad más importante, los productores tendrán la posibilidad de optar por un nuevo programa denominado ACRE (“Average Crop Revenue”). A través del mismo, el gobierno otorgará pagos a sus agricultores cuando la renta media del Estado en el que se encuentre su explotación caiga por debajo de una renta garantizada por la ley. De esta manera, aún en un escenario de precios altos, en donde los programas de sostenimiento de los precios no se activarían, el gobierno estadounidense podría otorgar subsidios si los rendimientos de los cultivos son lo suficientemente bajos como para que la renta de los agricultores caiga por debajo de los niveles de referencia establecidos en la ley. Además, con este nuevo programa, el gobierno de EE.UU. termina de confeccionar una importantes “red de seguridad” que protege al agricultor de pérdidas en sus ingresos no solo por las variaciones de los precios de mercado de sus productos, sino también por variaciones en los rendimientos de las cosechas, ocasionadas por ejemplo por circunstancias climáticas adversas. Esto influye directamente sobre las decisiones del productor incentivándolo a aumentar su nivel de producción. Como puede apreciarse, EE.UU profundiza sus tradicionales programas de subsidios y crea nuevos mecanismos con efectos dañinos sobre el comercio mundial. Lo anterior, sumado al no cumplimiento de las disposiciones del fallo del algodón, aumenta la posibilidad de que este país otorgue subsidios por encima de los límites que tiene permitidos por la OMC. Por último, se debe destacar el revés que esta nueva “Farm Bill” significa para las conversaciones que se están desarrollando en la Ronda de Doha de la OMC, donde los países se encuentran negociando la reducción de los subsidios otorgados a la agricultura. EE.UU, contradiciendo su última oferta negociadora, decide aumentar sus niveles de ayuda interna obstaculizando la conclusión positiva de la Ronda.
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