OMC

Finalmente, después de un mes de intensas negociaciones, el director general de la OMC, Pascal Lamy, decidió que no era conveniente celebrar una reunión ministerial para sentar las bases de un pacto mundial de comercio durante el mes de diciembre. Según Lamy, convocar a los ministros a Ginebra “hubiera significado correr un elevado riesgo de fracaso que dañaría, no sólo la Ronda, sino todo el sistema de la OMC”. Los esfuerzos recientes, desplegados para concretar el encuentro, tuvieron su origen en la reunión del denominado “G-20 Financiero” (constituido por las economías más importantes del mundo y los principales países emergentes), llevada a cabo el 15 de noviembre pasado, con el objetivo de encontrar una solución conjunta a la crisis financiera internacional. En esta reunión, los líderes mas influyentes del planeta se comprometieron a “luchar” para lograr una conclusión exitosa de la Ronda Doha antes de que finalice el presente año. Para facilitar el consenso necesario que permita cumplir con el mandato del G-20, los presidentes de los grupos de negociación para bienes agrícolas, Crawford Falconer, y para bienes industriales, Luzius Wasescha, presentaron nuevas versiones de los borradores de modalidades. Ambos documentos conservan las disciplinas esbozadas en sus anteriores revisiones, e incorporan, como novedad principal, las propuestas esbozadas por Lamy en su denominado “paquete de julio de 2008”. De esta manera, al mantener el mismo esquema que dio origen al último rompimiento de las conversaciones, los textos no generaron el pretendido acercamiento entre las partes. Sólo Brasil y la UE expresaron que constituían una buena base para la negociación. Durante la primera mitad de diciembre se sucedieron innumerables reuniones para tratar de acercar las posiciones. La ofensiva para lograr un acuerdo estuvo comandada por el canciller de Brasil Celso Amorim, y la comisaria europea de Comercio, Catherine Ashton. Sin embargo, países como EE.UU., China e India no se movían de sus rígidas posiciones. Lamy pasó los últimos días entre encuentros, llamadas y videoconferencias con los ministros y altos funcionarios de las principales potencias comerciales, para tratar de reducir las brechas en temas sensibles como el algodón, las iniciativas sectoriales y el mecanismo de salvaguardia especial. Pero los Miembros mostraron no estar dispuestos a invertir el capital político necesario para estrechar sus diferencias. Por lo pronto, las posibilidades de alcanzar un acuerdo en el corto plazo se han visto reducidas considerablemente. Según analistas, los efectos de la crisis económica mundial se harán sentir con más fuerza en el 2009, conspirando en contra del proceso negociador. La sensación compartida es que la Ronda entrará en un período de hibernación del que le será difícil despertar. Negociaciones agrícolas El pasado 6 de diciembre el presidente Falconer publicó un nuevo borrador de modalidades para los bienes agrícolas. En el mismo se consolidan las disposiciones presentadas por Lamy durante la conferencia mini-ministerial de julio. En materia de subsidios a la producción, se propone bajar el límite permitido por la OMC para otorgar subsidios dañinos al comercio internacional en un 80% para la UE (de 119 a 24 mil millones de euros) y en un 70% para EE.UU. (de 48 a 14,5 mil millones de dólares). Si bien estas cifras no significan en la actualidad recortes en los montos efectivamente otorgados por estos países a sus agricultores, son positivos porque restringirían la posibilidad de que los mismos suban considerablemente cuando los precios bajen de tal manera que se activen la mayoría de los programas. En acceso a mercados, en lo que refiere a la fórmula de reducción arancelaria general, se dispone que los aranceles superiores al 75% en los PD se reduzcan en un 70%. Con respecto a los productos especiales, se propone que los PED puedan designar hasta un 12 % de sus líneas como especiales, las cuales sólo deberían realizar una reducción global promedio del 11%. De estas líneas un 5% podrían quedar sin reducción alguna, algo negativo para Argentina si se tiene en cuenta que su comercio con los PED se encuentra restringido a un pequeño grupo de productos. Además, tanto los PED como los PD podrían designar hasta un 4% de sus líneas como productos sensibles, para realizar menores reducciones a cambio de la expansión de cuotas de acceso a mercados de entre un 3 y un 4% del consumo doméstico. Además, se eliminaría la salvaguardia especial para los PD al cabo del periodo de implementación, y desde el primer año solo se la podría aplicar para el 1% de las líneas. En simultáneo con la presentación del borrador de modalidades, Falconer presentó tres documentos adicionales en donde trata de exponer el estado de situación y presentar posibles soluciones para algunos de los temas más conflictivos de la negociación. El primero de estos refiere al Mecanismo de Salvaguardia Especial (MSE), a través del cual los PED podrían aplicar aranceles correctivos mayores ante caídas “importantes” de los niveles de precios o aumentos “significativos” de las importaciones. Este mecanismo estuvo en el centro de las discusiones en la reunión de julio pasado, y, conforme a una interpretación, habría sido el responsable del desencuentro de las posiciones en las recientes conversaciones en Ginebra. Su aspecto más controversial es la posibilidad de que los aranceles adicionales superen el tope impuesto en la Ronda Uruguay (RU). A este respecto, Falconer propone que si el volumen de importaciones se incrementa en un 20%, el derecho adicional resultante del MSE no podrá superar en un tercio u 8 puntos porcentuales el arancel fijado en la RU. A su vez, si las importaciones aumentan en más del 40%, el arancel adicional podrá exceder en un 50% o en 12 puntos porcentuales el arancel consolidado en la RU. En comparación con el “paquete de julio”, esta propuesta establece que los aranceles correctivos pueden violar en un mayor porcentaje, pero en menos puntos porcentuales, el consolidado RU. Para las exportaciones argentinas, que enfrentan en su mayoría aranceles inferiores al 100%, la baja de los puntos porcentuales sería positiva. Sin embargo, como aspecto negativo la propuesta permitiría que ya con un aumento de un 20% en las importaciones se podrían violar los aranceles consolidados. No debemos dejar de señalar que la posibilidad de superar los aranceles consolidados establecidos por la Ronda Uruguay significa un retroceso en la liberalización de los mercados agrícolas. Los dos textos restantes desarrollan cuestiones sobre otro de los temas espinosos, como es el de los productos sensibles. En uno de ellos se contempla la posibilidad de creación de nuevas cuotas de acceso a mercados, y en el otro las solicitudes de Canadá y Japón para poder designar como sensibles el 6% y el 8% de sus líneas arancelarias respectivamente. Negociaciones sobre bienes industriales (AMNA) Al mismo tiempo que el borrador sobre bienes agrícolas, fue dado a conocer el texto que contiene las disciplinas que determinarán la reducción arancelaria a la que estarían sometidos los bienes denominados industriales. El nuevo proyecto de modalidades también está basado en la propuesta realizada por Lamy en la pasada reunión ministerial. Los miembros en desarrollo podrían optar entre tres escenarios para la reducción de sus aranceles industriales. Cada uno de ellos está constituido por un coeficiente asociado a la fórmula general de reducción arancelaria (Fórmula Suiza), y un determinado nivel de flexibilidades que le permitirían excluir algunas líneas de la reducción general. Este coeficiente determina el nivel de arancel máximo que existiría luego de aplicar la reducción establecida por la fórmula. A menor coeficiente, mayor sería la reducción exigida. En términos más específicos, si opta por un coeficiente de 20 puntos, el PED en cuestión podrá: a) efectuar la mitad de los recortes basados en la fórmula, en el 14% como máximo de sus líneas arancelarias, siempre que estas no excedan del 16% del valor total de sus importaciones no agrícolas; o b) no efectuar recortes en el 6,5% como máximo de sus líneas, siempre que estas no excedan del 7,5% del valor total de sus importaciones no agrícolas. Si opta por un coeficiente de 22 tendrá el derecho de: a) efectuar la mitad de los recortes en el 10% de sus líneas arancelarias, siempre que estas no superen el 10% de sus importaciones; o b) no efectuar recortes en el 5% de sus líneas, siempre que no representen más del 5% de sus importaciones. En cambio, si elige un coeficiente de 25 no tendrá derecho al uso de ninguna flexibilidad. Los PD deberían adoptar un coeficiente de 8 y no tendrían derecho al uso de ninguna de las flexibilidades planteadas. En las discusiones de los últimos meses las principales discrepancias giraron en torno a las denominadas “iniciativas sectoriales”. Las mismas consisten en acuerdos voluntarios entre los países interesados, para realizar recortes más profundos que los previstos por la fórmula general en los aranceles de algunos sectores industriales determinados (autopartes, bicicletas, químicos, productos eléctricos, juguetes, productos forestales, entre otros). El problema radica en que EE.UU. estaría exigiendo la participación de los principales países emergentes (Brasil, China, India y Sudáfrica) en algunas iniciativas de su interés. Para los países en desarrollo esto iría contra el mandato de Doha, desbalanceando el resultado de la negociación en bienes industriales. Posición Argentina El 25 de noviembre la delegación argentina distribuyó entre los miembros de la OMC una comunicación en donde deja sentada su posición sobre las negociaciones relativas a los bienes industriales. El gobierno argentino destaca que el “paquete de Lamy” no es compatible con el Principio de Reciprocidad Menos que Plena (señala que los PED deben hacer menores reducciones arancelarias que los PD), ni cumple con el párrafo 24 de la Declaración de Hong Kong (los resultados en las negociaciones sobre bienes agrícolas e industriales deben ser de una ambición comparable). Además, señala que el resultado de la negociación debe contribuir a la liberalización de los intercambios, “permitiendo la preservación de niveles moderados de aranceles en los PED, con margen para sus políticas dirigidas a expandir y diversificar la base productiva, aumentar el empleo y garantizar la estabilidad y el progreso social”. En este sentido, Argentina confirma que estará en condiciones de avanzar en un contexto de modalidades que impliquen un coeficiente de 35 y flexibilidades para un 16% de las líneas, con 50% de corte y sin límite de valor de comercio. Este sería “el máximo esfuerzo que la Argentina puede hacer”. En caso de que el coeficiente se sitúe por debajo de los 35 pero mayor a 25, debería sumarse a las flexibilidades la posibilidad de excluir el 8% de las líneas de cualquier reducción posible. Esta posición sostenida por los funcionarios argentinos choca con la manifestada por el gobierno de Brasil, quien expresó su aceptación a las disciplinas contempladas en el “paquete de Lamy”. Al respecto, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la cancillería argentina, Alfredo Chiaradía, planteó que la postura brasileña “pone en peligro al Mercosur”, debido a que las mayores flexibilidades que deberían otorgarle a Argentina erosionarían el Arancel Externo Común del bloque. Por su parte, Wasescha, sólo se limitó a señalar en su nuevo borrador que las negociaciones con la Argentina, por sus exigencias de mayor flexibilidad, deberán continuar en las semanas venideras. Los principales PD se han mostrado en contra de la posibilidad de que Argentina excluya un mayor porcentaje de líneas y volumen de comercio de la reducción arancelaria general.
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