G-20 – MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA CRISIS

Bajo el lema “Una crisis global exige una solución global” los líderes de los países que conforman el denominado Grupo de los Veinte (G-20) se comprometieron en Londres, el 2 de abril pasado, a adoptar políticas coordinadas para hacer frente a la crisis económica mundial (Ver Boletín 82 del INAI). Del Comunicado Conjunto que los mandatarios firmaron al finalizar el encuentro pueden extraerse un gran número de declaraciones de compromiso y solo algunas medidas concretas, que tendrían como objetivo mitigar los efectos de la crisis. De esta manera, a pesar de las intenciones de reforma del sistema económico-financiero mundial que los participantes habían manifestado con anterioridad a la reunión, las decisiones adoptadas poco harán por solucionar los desequilibrios con que opera la economía mundial. El denominado “Plan Global para la Recuperación y la Reforma” no está destinado a solucionar los problemas económicos y sociales graves que enfrenta la humanidad como la pobreza, la desigualdad y la exclusión. En este sentido, las medidas que surgen del documento apuntan esencialmente a disminuir la posibilidad de que se agudice la crisis actual y de que ocurran nuevas crisis de este tipo en el futuro. Si bien es destacable que las nuevas políticas requerirán de una mayor intervención por parte de los Estados, los mercados seguirán jugando un rol principal en la asignación de los recursos. Entre las medidas más importantes se encuentra la ejecución de un plan de expansión fiscal coordinado, que para 2010 significaría un aporte a la economía mundial de 5 billones de dólares. La finalidad del plan sería la de contribuir a aumentar la demanda mundial y a salvar o crear nuevos empleos. Medidas de este estilo ya han comenzado a observarse en países como EE.UU., UE y China. Aunque Argentina podría beneficiarse del posible aumento de la demanda mundial, no estaría en condiciones de llevar adelante este tipo de políticas de corte keynesiano, debido a la caída que experimenta en su recaudación pública. Otra disposición relevante es la aprobación de un plan de estímulo de 1 billón de dólares de apoyo para restaurar el crédito, el crecimiento y el empleo, a través de fondos extra para entidades multilaterales como el FMI y el Banco Mundial. Esta medida podría ser beneficiosa para los PED, siempre y cuando disminuyan las condicionalidades que estos organismos aplican a las políticas económicas de los países receptores de los préstamos. En lo que respecta a Argentina, las dificultades que posee para el acceso al crédito externo le obstaculizarían la obtención de parte de estos fondos. Los países del G-20 también han decidido la creación del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) con el objetivo de fortalecer la supervisión y regulación del sector financiero. El mayor control sobre el sistema financiero mundial resulta de marcada importancia, teniendo en cuenta que fue la desregulación de este sector una de las causas de la crisis. A pesar de que las acciones en este sentido se están llevando adelante en forma lenta y con varios agujeros, Argentina se encuentra en una posición de privilegio por contar con un sistema más regulado que el de los países centrales. En lo que hace al comercio internacional, los Miembros del G-20 reafirman su compromiso de no levantar nuevas barreras a la inversión o al comercio y de aplicar medidas incoherentes con la OMC para estimular las exportaciones. Según informes de organismos internacionales, varios de los países del grupo estarían aplicando medidas proteccionistas que conspirarían contra los efectos buscados de fortalecimiento del comercio. No obstante, los documentos destacan que el mundo no ha entrado en una fase de proteccionismo de “alta intensidad” y las medidas aplicadas hasta el momento poseen efectos poco significativos para el comercio. Para el caso argentino, desde los organismos se denuncia la aplicación de varias medidas que tienen por objeto limitar las importaciones. A su vez, en el comunicado se renueva el compromiso para no imponer nuevas restricciones a las exportaciones con la intención de evitar nuevas subas en los precios de los alimentos, y garantizar la seguridad alimentaria mundial. Si bien Argentina, al igual que la mayoría de los países del mundo, no ha establecido nuevas restricciones de este tipo, continúa aplicando medidas que restringen las exportaciones (establecidas previamente al 2 de abril), que sumadas a otras medidas de gobierno contribuyen a aumentar la incertidumbre y desalentar las exportaciones agrícolas. Por último, la declaración apoya la finalización de las negociaciones comerciales de la Ronda Doha. Según datos de la OMC, la conclusión de la Ronda estimularía la economía mundial en 150 mil millones de dólares. Sin embargo, a pesar de esta declaración de intención, los últimos acontecimientos hacen pensar que es muy difícil que las conversaciones superen el parate en el que se encuentran. Por su parte, la Argentina se ha mostrado como uno de los países más resistentes a la conclusión de la Ronda sobre la base de los actuales borradores de modalidades, manifestando que los acuerdos que están sobre la mesa contribuirían a la desindustrialización del país. Si bien es legítimo que los PED conserven herramientas que les permitan desarrollar su sector industrial; Argentina debería definir cuales son sus prioridades en esta materia, y no proteger a todo el sector, lo que le imposibilita realizar algún tipo de concesión que permita cerrar un acuerdo. Como se puede apreciar, las medidas del G-20 buscan fortalecer las acciones que los países más importantes del mundo están adoptando para sanear el sistema financiero y estimular la demanda mundial. Según proyecciones de los últimos días, estas políticas ya estarían comenzando a tener efectos positivos estimulando la demanda mundial originada en el agro. No obstante, las políticas internas de Argentina reducen tanto el impacto negativo de la crisis, como el aprovechamiento del resurgimiento de la demanda internacional.
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