La Comisión Europea (CE) ha propuesto fijar en el 0,1% el límite de tolerancia a los restos de organismos genéticamente modificados (OGM) en las importaciones de piensos. El mismo ha sido definido por recomendación del Centro Común de Investigación de la UE (JRC en sus siglas en inglés), teniendo en cuenta las actuales posibilidades de muestreo y de análisis de los laboratorios europeos. Dicho límite permitirá que todas las autoridades nacionales de control apliquen el mismo protocolo de análisis y logren resultados similares. Actualmente se encuentra aplicando un régimen de «tolerancia cero», un límite no precisado en términos numéricos, dando a lugar a diversas interpretaciones por los estados miembros a la hora de detectar y controlar dichos organismos. Con esta medida, la CE pretende armonizar a nivel europeo los métodos de detección y control de la presencia de OGM no aprobados por la UE en los envíos de soja, maíz u otros productos para alimentación animal, así como garantizar la fiabilidad de los análisis. Debe tenerse presente que el techo propuesto se aplicaría a aquellos productos transgénicos para los que Bruselas ha denegado la autorización, pero no a aquellos OGM para los que aún no se ha recibido una petición formal, al no existir un procedimiento de detección validado para los mismos, precisaron los expertos. Para esos casos, se seguirá empleando el principio de «tolerancia cero», dejado en manos de las autoridades nacionales. La propuesta resta ahora ser debatida por los Veintisiete en el Comité de Representantes Permanentes de la UE, y de prosperar, la CE debe presentarla formalmente. El siguiente paso necesario para su adopción definitiva es el visto bueno del Parlamento Europeo, algo que tendría lugar al menos tres meses después de la adopción de la CE. Es de suponer que la directiva sobre tolerancia al 0,1 % entre en vigor en abril de 2011, con la aprobación mayoritaria de la Comisión. Debe resaltarse que las autoridades de la UE han recibido recientemente numerosas advertencias de que podría haber escasez de forrajes en Europa si continúa la tolerancia cero. En efecto, el propio Parlamento Europeo ha exigido a la CE que introduzca sin demora mecanismos de mercado «eficientes y flexibles» para poner freno a la volatilidad de los precios y la especulación que perjudican al sector ganadero europeo. Los diputados apuntan a los elevados precios del cereal como una de las principales causas de la crisis que afrontan los ganaderos y que podría conducir a una reducción significativa de la producción de carne en la UE. El texto publicado a mediados de noviembre por la Eurocámara, insta a la Comisión a que ofrezca seguridad jurídica para las importaciones de soja y maíz procedentes de terceros países mediante la introducción de un «umbral pragmático para la presencia accidental de OMG -Organismos Modificados Genéticamente- aún no autorizados en la Unión Europea pero en fase de estudio científico». Por su parte, los países productores de alimentos OGM -entre los que se encuentra Argentina, como así también Estados Unidos, Canadá y Brasil- han advertido a la Comisión de que establecer “una línea divisoria entre alimentos y forrajes” causaría “dificultades insuperables en el comercio agrícola”. Otra cuestión relativa a los OGM se relaciona con la propuesta del comisario europeo de Protección del Consumidor, John Dalli, sobre la “nacionalización” de la decisión de cultivar o no organismos genéticamente modificados en su territorio. Se plantea que los países tengan libertad al momento de decidir si permiten o no el cultivo de OGM en su territorio, siempre que se trate de variedades permitidas a escala comunitaria. De recordarse que de acuerdo al sistema actual de autorización de OGM, a falta de una mayoría de países a favor o en contra, la decisión recae al final en la Comisión Europea. Frente a esta propuesta, los juristas del Consejo de Ministros de la UE presentaron un informe que concluye que ese proyecto no «es conforme» con la legislación y la jurisprudencia comunitaria. El informe también destaca la incoherencia que supone la posibilidad de que un país decida no cultivar OGM por razones «éticas o morales», como plantea la propuesta. Sobre esta cuestión, se indica que ese tipo de salvaguarda podría ser invalidada por el Tribunal de Justicia de la UE o en foros internacionales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC), porque haría falta argumentaciones «muy sólidas» para justificar la restricción. Se cita como ejemplo la dificultad de defender que no se plantan OGM en un país por razones morales cuando en su territorio el ganado está comiendo piensos con restos de transgénicos, ya que la propuesta de Bruselas no permite obstaculizar el comercio o la importación de esos productos. Por su parte, la CE afirmó que la propuesta es «compatible» con los tratados de la UE o con las normas del comercio internacional y añadió que no se puede concluir que haya dudas sobre su legalidad o sobre la provocación de pleitos. Asimismo, rechazó los argumentos de los juristas del Consejo de la UE, en relación al mercado único y a la idea de que la normativa que propone la CE pueda crear conflictos internacionales con otros socios. Debe recordarse que la UE ya ha tenido conflictos en el plano multilateral por la cuestión de los OGM. Tal es así que en el año 2003, Argentina, Canadá y EE.UU. llevaron a la UE ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC por la legislación europea sobre productos biotecnológicos. Allí se cuestionaba a la UE por la aplicación de una moratoria general de facto sobre la autorización de OGMs, como así también demoras indebidas en relación a solicitudes de autorización especificas. En el mismo, se concluyó que la UE violaba sus compromisos derivados del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC (AMSF).
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