UE – PAC

La Comisión Europea (CE) ha publicado, el pasado 18 de noviembre, la Comunicación sobre “La PAC en el horizonte 2020: responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario”. El documento abre oficialmente los debates sobre el futuro de la política agrícola comunitaria luego de 2013, año en que vencen las actuales perspectivas financieras de la UE. En términos generales, se propone repartir de manera más equitativa las ayudas directas y premiar los esfuerzos de los agricultores por proteger el medio ambiente. Según la CE, la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) debe seguir avanzando para reforzar la competitividad, mejorar la utilización de los recursos fiscales y obtener beneficios en los ámbitos de la seguridad alimentaria, el medio ambiente, el cambio climático y el equilibrio social y territorial, con el fin de instaurar un crecimiento más sostenible, más inteligente y más inclusivo en las zonas rurales de Europa, de acuerdo con la Estrategia Europa 2020. Para esto, el Ejecutivo comunitario plantea que la futura PAC debería contener un primer pilar más ecológico y distribuido más equitativamente, y un segundo pilar más orientado a la competitividad y la innovación, el cambio climático y el medio ambiente. En este sentido, en la Comunicación se aboga por una política agrícola fuerte para que la agricultura pueda facilitar en el futuro más bienes de interés público. A su vez, denuncia que la retirada de las ayudas derivaría en una mayor concentración de la producción agrícola en zonas con condiciones favorables, lo que daría lugar a presiones ambientales cada vez mayores, con graves consecuencias económicas y sociales. Respecto a los instrumentos que conforman la PAC, la Comisión subraya la importancia de realizar adaptaciones en el sistema de pagos directos, que afectarán a la redistribución, orientación y definición de las ayudas. Existe un consenso generalizado de que los pagos deben distribuirse de forma más equitativa entre los diferentes Estados Miembros, en base a criterios tanto económicos como medioambientales, y deben orientarse más hacia los agricultores activos. Particularmente, en la Comunicación se propone que los futuros pagos estén conformados por: a) un pago directo básico de apoyo a la renta, que ofrezca un nivel uniforme de ayuda obligatoria a todos los agricultores de un Estado o región, sobre la base del respeto a requisitos de condicionalidad; b) una ayuda adicional obligatoria por el suministro de bienes públicos medioambientales, a través de acciones o prácticas que vayan más allá de los requisitos de condicionalidad; c) un pago adicional para compensar a los agricultores que se ubiquen en zonas con limitaciones naturales específicas; y d) un componente de ayuda asociada voluntario a fin de tener en cuenta problemas específicos de determinadas regiones. Además, la propuesta implica la introducción de límites máximos de ayuda por agricultor (con excepciones de acuerdo a la intensidad del trabajo asalariado, para tener en cuenta los efectos sobre grandes explotaciones con muchos trabajadores), el establecimiento de un régimen específico para pequeños agricultores y la simplificación de las normas de condicionalidad (requisitos que deben cumplir los agricultores para recibir las ayudas). Sobre las medidas de mercado, la CE manifiesta la conveniencia de realizar adaptaciones, especialmente en lo que respecta a la racionalización y simplificación de los instrumentos existentes, así como introducir nuevos elementos políticos relativos al funcionamiento de la cadena de valor alimentaria. En lo que hace a la política de desarrollo rural, se expresa en el documento que el cambio climático y la innovación deben ser más que nunca los principios rectores de todas las acciones. A su vez, se propone el establecimiento de una serie de instrumentos de gestión del riesgo, con objeto de abordar la variabilidad de la renta y la inestabilidad de los mercados. Estos incluirían desde un nuevo instrumento de estabilización compatible con la caja verde de la OMC, hasta el aumento de la ayuda a los instrumentos de seguro y los fondos de inversión. Finalmente, con la intención de contribuir al debate, la CE plantea tres opciones amplias para el futuro de la PAC, indicando los posibles caminos a seguir. La primera opción aseguraría la continuidad y estabilidad de la política actual, realizando algunas adaptaciones y mejoras en ámbitos puntuales como la cuestión de la equidad en la distribución de los pagos directos. La segunda, sería aprovechar esta oportunidad para llevar a cabo una reforma importante, introduciendo cambios sustanciales en la distribución y concepción de los pagos directos, de acuerdo a los lineamientos comentados en párrafos anteriores. La tercera alternativa aboga por una reforma más ambiciosa, muy centrada en la consecución de objetivos medioambientales y de lucha contra el cambio climático, abandonando gradualmente el apoyo a la renta y la mayor parte de las medidas de mercado. Seguramente, debido a la oposición de muchos países a la eliminación de los apoyos directos a la renta, la reforma que se termine aprobando se encontrará entre las dos primeras opciones. Si bien se trata de un documento más conceptual, con ausencia de definiciones precisas sobre cuestiones presupuestarias, puede afirmarse que la UE mantendrá en el futuro próximo una política agrícola fuerte, sin disminuciones en el monto total destinado a las ayudas a sus agricultores. No obstante, un aspecto a destacar es que, por el momento, la Comisión no se hace eco de las llamadas para el establecimiento de la “preferencia comunitaria”, a través de la cual el bloque debería exigir a sus países proveedores el respeto de los mismos requisitos y estándares de producción que deben cumplir los agricultores europeos. Los ministros de Agricultura de la UE se pronunciarán sobre este documento en la reunión del Consejo del ramo el próximo 29 de noviembre. Luego de escuchar todas las opiniones y realizar un estudio de impacto de las diferentes opciones de reforma, la CE presentará las propuestas legislativas definitivas a mediados de 2011. Se espera que la reforma se apruebe en 2012.
Leer en pdf »