UE – PAC

Hacia una PAC con pagos desconectados de precios y producción. El pasado 12 de octubre la Comisión Europea (CE) presentó el proyecto de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para después de 2013.. Las medidas propuestas van en la dirección de las últimas reformas, desconectando las ayudas de los niveles de producción y precio, y condicionando los pagos al cumplimiento de ciertos requisitos ambientales. Para la CE, la PAC reformada permitirá fomentar la innovación y consolidar la competitividad económica y ecológica del sector agrario, luchar contra el cambio climático, y apoyar el empleo y el crecimiento. También contribuirá de manera decisiva a la estrategia Europa 2020. Los diez puntos fundamentales de la reforma son: 1) ayudas a la renta mejor orientadas, más simples y más justas, para dinamizar el crecimiento y el empleo; 2) instrumentos de gestión de crisis más dinámicos y mejor adaptados para hacer frente a los nuevos retos económicos, como la volatilidad de precios; 3) un pago “ecológico” para preservar la productividad a largo plazo y los ecosistemas; 4) inversiones suplementarias en investigación e innovación; 5) una cadena alimentaria más competitiva y equilibrada; 6) estímulo de las medidas agroambientales; 7) facilitar la instalación de jóvenes agricultores; 8) estímulo del empleo rural y del espíritu empresarial; 9) tener mejor en cuenta las zonas frágiles; 10) una PAC más simple y eficaz. Respecto de los pagos directos, se irán abandonando las diferentes modalidades del Régimen de Pago Único aplicadas en la EU-15 (que permite recurrir a referencias históricas, al pago por hectárea o a una combinación de ambos) y el Régimen de Pago por Superficie Simplificado vigente en la mayor parte de los países de la EU-12; para aplicar a partir de 2013 un nuevo “Régimen de Pago Básico”. El objetivo que se persigue es una reducción significativa de las discrepancias en los niveles actuales de pagos entre agricultores y Estados miembros. Además del Pago Básico, cada explotación recibirá un pago por hectárea supeditado a la observancia de determinadas prácticas agrícolas respetuosas del clima y del medio ambiente. Las tres prácticas previstas son: a) mantenimiento de pastos permanentes; b) diversificación de los cultivos (el agricultor deberá contar con tres cultivos distintos, como mínimo, en su tierra de labor, ninguno de los cuales deberá ocupar más de un 70% del terreno, y el tercero, como mínimo, el 5%); c) mantenimiento de una “zona de interés ecológico” del 7%, como mínimo, de los terrenos de cultivo. Los Estados miembros también podrán conceder pagos adicionales en favor de las zonas con limitaciones naturales, jóvenes agricultores que se instalen por primera vez y pequeños agricultores. Un aspecto que generó controversia fue la propuesta que permite a los estados conceder pagos “no disociados”, por un importe limitado, para paliar los posibles efectos negativos de la redistribución de los pagos directos. En cuanto a los mecanismos de gestión del mercado, la Comisión propone redes de seguridad más eficaces y dinámicas para los sectores más expuestos, y que se fomente la creación de seguros y mutualidades. Se revisarán los actuales sistemas de intervención pública y de ayuda al almacenamiento privado a fin de dotarlos de mayor capacidad de respuesta y de mayor eficiencia ante crisis. A su vez, en un contexto de inminente desaparición de las cuotas lácteas y de los derechos de plantación de viñedos, la CE trata de poner fin al último régimen contingentario restante, el del azúcar. Por último, en lo referido al pilar de desarrollo rural, se mantiene la idea de regímenes plurianuales concebidos y cofinanciados por los Estados Miembros. El nuevo periodo de programación se articula en torno a las seis prioridades: a) promover la transferencia de conocimientos y la innovación; b) fomentar la competitividad; c) mejorar la organización de la cadena de distribución de alimentos y la gestión de riesgos; d) restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas; e) promover la eficiencia de los recursos y alentar el paso a una economía hipocarbónica; y f) fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales. Los Estados miembros aún deberán seguir destinando un 25% de su dotación para desarrollo rural a cuestiones relacionadas con la gestión del territorio y la lucha contra el cambio climático. La propuesta ha sido recibida con reservas por parte tanto del Parlamento Europeo, como de las asociaciones de agricultores. Especialmente, las críticas se dirigen a la introducción de mayores costos a los productores a través de los nuevos requisitos ambientales que deberían cumplir para beneficiarse de los pagos. Se espera que tras sendos debates en el Parlamento y el Consejo Europeo la aprobación de la reforma de la política agrícola comunitaria se logre a finales de 2013, para entrar en vigor el primero de enero del 2014.
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