ARGENTINA

Duras críticas a la política comercial argentina en la OMC Los nuevos requisitos impuestos por Argentina para la importación de bienes están generando un malestar creciente entre sus principales socios comerciales (ver Boletín Nº 113). Durante la reunión del Consejo del Comercio de Mercancías de la OMC, celebrada el pasado 30 de marzo, 14 Miembros presentaron una dura declaración contra la política comercial que viene llevando adelante la Administración Kirchner. Estos países, entre los que se encuentran EE.UU. y la UE, expresaron su “continua y profunda preocupación ante las medidas restrictivas a las importaciones tomadas por Argentina, las cuales están afectando negativamente las exportaciones a ese país desde un creciente número de Miembros de la OMC». Denuncian que desde 2008 Argentina ha expandido significativamente la lista de productos sujetos a licencias no automáticas de importación, y que desde enero de este año aplica nuevas regulaciones para la aprobación de las operaciones de importación. Señalan que estas medidas violan los acuerdos de la OMC, al crear largas demoras y aumentar los costos de muchos exportadores. Uno de los párrafos más duros manifiesta que la «falta de transparencia» en la aplicación y administración del régimen de licencias genera una «profunda incertidumbre», tanto en exportadores como en eventuales inversores. La crítica hace foco en la política informal de equilibrio comercial adoptada por Argentina, que exige a las empresas que requieran permisos de importación, exportar por el mismo importe. Para estos países, el nuevo sistema funciona como un esquema de restricción de facto a las importaciones sobre todos los productos. También se resaltó que las restricciones argentinas son incompatibles, especialmente, con su condición de miembro del G-20, cuyos integrantes se comprometieron a no aplicar nuevas barreras al comercio y a la inversión. En ámbitos diplomáticos se teme una posible avanzada para excluir a Argentina de este selecto grupo. Finalmente, estos países urgieron al gobierno argentino a remover las citadas restricciones comerciales, reservándose el derecho de recurrir en el futuro al Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC. La queja, presentada por el embajador de EE.UU. ante la OMC, Michael Punke, fue firmada también por Australia, la Unión Europea, Israel, Japón, Corea, México, Nueva Zelandia, Noruega, Panamá, Suiza, Chinese Taipei, Tailandia, y Turquía. Además, recibió el respaldo de China, Chile, Colombia, Perú, Singapur, Malasia y Hong Kong. En esta reunión, la posición argentina fue defendida por la secretaria de Negociaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Nahón, quien rechazó en forma «terminante» el contenido de la declaración y la calificó de «injustificada». La funcionaria consideró que el reclamo busca “estigmatizar” a nuestro país, y puede tener graves consecuencias sistémicas al cuestionar a los países en desarrollo por la utilización de instrumentos de política comercial legítimos. Añadió que las medidas adoptadas por Argentina son compatibles con la reglamentación de la OMC, y que incluso se han tomado disposiciones para facilitar las importaciones. Para Nahón, las críticas no tienen sustento en la realidad, dado que Argentina ha sido el país del G-20 que más aumentó sus importaciones en 2011 (+30,8%). El mismo 30 de marzo, la Cancillería argentina dio a conocer un comunicado en donde reitera que el gobierno seguirá ejerciendo la decisión soberana de sus políticas comerciales, cumpliendo con las normativas de la OMC, pero rechazando cualquier tipo de injerencia externa. En el mismo, se alarma sobre la existencia de países, en alusión a EE.UU. y la UE, que siguen levantando barreras comerciales para dificultar el ingreso de productos agroindustriales de los países en desarrollo, al tiempo que ejercen presiones políticas para obligar a estos países a recibir la producción de bienes que sus mercados domésticos no pueden absorber por la situación económica que atraviesan desde el 2008. En otro fuerte comunicado publicado el día posterior, la Cancillería argentina acusó a EE.UU. y la UE de ser los “verdaderos responsables de impedir el normal desarrollo del comercio internacional y la creación de un sistema más justo”; y destacó que ambos países han sido identificados por el resto del mundo como los responsables de no cumplir con las recomendaciones del G-20. Si bien los cuestionamientos carecen de efectos jurídicos, por no haber sido presentados en una instancia jurisdiccional; el gobierno argentino debería tomarlos como el antecedente previo al inicio de consultas formales ante el OSD, las cuales podrían habilitar la aplicación de sanciones en contra de Argentina. Más aún, es probable que los países afectados, con la intención de evitar los dilatados tiempos de la OMC, acudan directamente a la adopción de represalias sobre las exportaciones argentinas, como lo hizo China en 2010 para el aceite de soja. Un escenario de este tipo, que comenzó a materializarse con la exclusión de Argentina del SGP estadounidense (Ver en este Boletín), agudizaría la escasez de dólares que el gobierno pretende solucionar con las restricciones a las importaciones. Así, lo acontecido en el Comité de Mercancías es el último llamado de atención a una política comercial construida al límite de los compromisos asumidos multilateralmente, sin tener en cuenta los efectos sobre los principales socios comerciales.
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