UE – PAC

La UE llega a un acuerdo sobre la nueva PAC. El Parlamento Europeo (PE), el Consejo de Ministros de la UE y la Comisión Europea (CE) han alcanzado un acuerdo sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) después de 2013. El comisario del ramo, Dacian Cioloş, señaló que lo acordado producirá cambios profundos, haciendo a los pagos directos más equitativos y ecológicos, reforzando la posición de los agricultores en la cadena alimentaria y aumentando la eficacia y la transparencia de la PAC. A fin de alcanzar un reparto más equitativo de las ayudas, el régimen de Pagos Directos se distanciará progresivamente de un sistema en el que las asignaciones se basaban en referencias históricas. Esta transición supondrá una convergencia de los pagos no solo entre Estados Miembros, sino también dentro de los mismos. Los pagos directos representan el 70% del presupuesto de la PAC y el 30% de la renta agrícola de la UE. Con el nuevo reparto de fondos, se garantizará que ningún Estado reciba menos del 75% de la media de ayudas comunitaria de aquí a 2019; y se reducirán las diferencias de los niveles de pagos entre explotaciones de un mismo país o región, ya que la ayuda por hectárea no podrá ser inferior al 60% de la media abonada en una misma zona administrativa o agronómica. Los países dedicarán el 70% de su dotación nacional para pagos directos a un nuevo régimen de pago básico (RPB). No obstante, para los nuevos Estados Miembros se ampliará hasta 2020 la fecha límite del régimen de pago único por superficie (RPUS), más simple y uniforme. Estos subsidios seguirán estando vinculados al cumplimiento de una serie de requisitos obligatorios (condicionalidad) sobre seguridad alimentaria, protección del medio ambiente y salud y bienestar de los animales. La lista se ha simplificado para excluir normas en las que no existen obligaciones claras y controlables para los agricultores. Adicionalmente, cada explotación recibirá un pago por hectárea supeditado a la observancia de determinadas prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, que permitirá recompensar a los agricultores por la provisión de bienes públicos medioambientales. Se utilizará el 30% de las dotaciones nacionales para financiar esta ayuda. Las tres medidas básicas previstas son: mantenimiento de pastos permanentes, diversificación de cultivos y mantenimiento de una zona de interés ecológico de al menos el 5% de la superficie cultivada de explotación. Los Miembros también podrán conceder ayudas especiales a pequeños y jóvenes agricultores y zonas desfavorecidas. Por otro lado, para paliar los posibles efectos negativos de la reforma, los países podrán optar por otorgar pagos no disociados por un importe limitado. Estos representarán como máximo el 13% de la dotación nacional de cada Estado, teniendo la CE la flexibilidad para aprobar un porcentaje más elevado en casos justificados. A su vez, existe la posibilidad de conceder un 2% de ayuda no disociada a las proteaginosas. El aumento de la ayuda vinculada a la producción (Caja ámbar de la OMC) es un aspecto adicional de preocupación para países como Argentina. Con la intención de evitar que algunas empresas soliciten pagos directos, a pesar de que su actividad principal no es la agricultura, la reforma hace más estricta la definición de agricultores activos. Respecto a las Medidas de Apoyo a los Mercados, se revisaron los actuales sistemas de intervención pública y de ayuda al almacenamiento privado para hacerlos más reactivos y eficientes. Asimismo, se confirma la expiración de las cuotas lácteas en 2015, y se prevé que el régimen de cuotas de azúcar finalice el 30 de septiembre de 2017. Estos pagos representan menos del 10% del presupuesto de la PAC. Además, se han introducido nuevas cláusulas de salvaguardia que permiten a la Comisión adoptar medidas de urgencia a fin de responder a perturbaciones generales del mercado. Estas medidas se sufragarán a partir de una reserva de crisis financiada mediante la reducción anual de los pagos directos. Con el fin de mejorar la posición negociadora de los agricultores en la cadena alimentaria, se pondrán en práctica nuevas medidas para promover las organizaciones profesionales e interprofesionales, e incitar a los distintos agentes a incrementar la transparencia de los precios y las prácticas comerciales. Respecto de la política de Desarrollo Rural, los países seguirán diseñando sus propios programas plurianuales sobre la base del conjunto de medidas disponibles a nivel de la UE, en respuesta a las necesidades de sus propias zonas rurales. Estos programas serán cofinanciados con dotaciones nacionales. El 30% del presupuesto deberá destinarse a proyectos vinculados con el medio ambiente. Este pilar representa alrededor del 20% de los fondos de la PAC. En adelante esta política tendrá seis grandes prioridades: promover la trasferencia de conocimientos y la innovación; fomentar la competitividad de la agricultura y la gestión sostenible de los bosques; mejorar la organización de la cadena alimentaria y la gestión de riesgos; restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas; promover la eficiencia de los recursos y alentar el paso a una economía hipocarbónica; y fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales. Como novedad, dentro de los instrumentos de gestión de riesgos, se amplían las contribuciones a los seguros y mutualidades (por ej. primas de seguro de cosechas) para incluir un instrumento de estabilización de las rentas, que permitiría efectuar pagos de hasta el 70% de las pérdidas si la renta disminuye hasta un 30%. Todos los elementos de la reforma serán aplicables a partir del 1 de enero de 2014, con excepción de la nueva estructura de pagos directos, que lo será a partir de 2015, a fin de dar tiempo a los países para que se adapten al nuevo sistema. Debe notarse que el acuerdo político al que han arribado los diferentes órganos de la UE sobre la reforma de la PAC se encuentra todavía supeditado a la aprobación formal por parte del Parlamento y el Consejo, que ocurriría en los próximos meses. También resta esperar que el Parlamento refrende el acuerdo alcanzado sobre el nuevo presupuesto comunitario para el período 2014-2020, que distribuye los fondos entre las diferentes políticas, entre ellas la agrícola. En total estarían a disposición 278 mil millones de euros para pagos directos y medidas relacionadas con el mercado, y 85 mil millones para programas de desarrollo rural.
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