La UE aprobó su nueva política agrícola.

Tras el acuerdo alcanzando con el Parlamento Europeo, el pasado 16 de diciembre el Consejo de la Unión Europea aprobó el paquete de medidas de la nueva Política Agrícola Común (PAC), dando por finalizado el proceso de reforma comenzado en 2010. De acuerdo a la Comisión Europea, esta política permitirá contar con “un sector agrario sostenible, productivo y competitivo para enfrentar los desafíos económicos, ambientales y territoriales del futuro”. Los reglamentos que estarán en vigor durante los próximos 7 años van en el mismo sentido de los que regularon los subsidios a la agricultura comunitaria desde el año 2003 (Ver Boletines Nº 128, 131 y 133). En el Gráfico puede apreciarse el cambio en los mecanismos de apoyo durante la última década, que pasaron de centrarse en ayudas vinculadas a los niveles producción a pagos desvinculados al productor. (Ver gráfico en la versión en pdf) El principal objetivo de la reforma fue construir una PAC más respetuosa con el medio ambiente y mejor orientada, que retribuya a los agricultores por los servicios que brindan al cuidado del medio ambiente a través de una nueva arquitectura de pagos directos, con una distribución equitativa de la ayuda entre los productores de la Unión y una política de desarrollo rural más eficaz. Siguiendo el Marco Financiero Plurianual aprobado recientemente, entre 2014 y 2020 se destinarán a la PAC algo más de 408 mil millones de euros corrientes. Si bien esto significa un pequeño descenso en términos reales, la UE continuará subsidiando fuertemente a su agricultura durante los próximos años, destinando el 38% de su presupuesto total. La PAC seguirá estructurada en pilares. El primero, donde se encuentran los pagos directos y las medidas de apoyo a los mercados, recibirá 312,73 mil millones de euros; y el segundo, que contiene los programas de desarrollo rural, 95,58 mil millones. El paquete está constituido por cuatro reglamentos, que fueron publicados el pasado 20 de diciembre, y cubren las siguientes áreas: a) pagos directos a los agricultores, tanto para retribuirlos por la provisión de bienes públicos ambientales, como para compensarlos por el hecho de ser pequeños, jóvenes o estar situados en áreas desventajosas; b) organización común de los mercados (OCM), que regula los mecanismos de intervención pública y otras ayudas a producciones específicas; c) desarrollo rural, que contiene programas plurianuales cofinanciados por los Estados Miembros; y d) financiamiento y monitoreo del cumplimiento de los compromisos de la PAC. Además, cuenta con un Reglamento transitorio para el año 2014, que colma la laguna entre el marco jurídico en vigor y los elementos de la reforma que se decidió que se aplicarán a partir de 2015, para dar tiempo a los países a adaptarse a la nueva situación. El elemento más importante de la reforma es la introducción del denominado “pago verde”. En adelante, el 30% de los montos destinados a pagos directos se abonará sólo si se observan en la granja una serie de prácticas favorables al clima y el medio ambiente, particularmente: cultivar al menos tres cultivos diferentes, mantener un área mínima de pastos permanentes y preservar áreas y características del paisaje de especial interés ecológico. Las ayudas se distribuirán de manera más equitativa, reduciendo progresivamente las enormes diferencias que existen en los niveles de pagos entre agricultores en diferentes Estados (convergencia externa), y rebalanceando los subsidios recibidos por productores dentro de un mismo país o región (convergencia interna). También existirán pagos especiales para la instalación de agricultores jóvenes y para pequeños productores. Un aspecto importante a tener en cuenta por Argentina, y el resto de los países con intereses ofensivos en agricultura, es que se permitirá a los Estados Miembros conceder una porción más importante de los montos que tengan a disposición para pagos directos en la forma de ayuda asociada (vinculada los niveles de producción), para aquellos agricultores en sectores o regiones con dificultades particulares y en donde la actividad agrícola sea importante por razones económicas, sociales o ambientales. Esto representa un retroceso en las reformas que venía llevando adelante la UE, e implicará el reemplazo de ayudas enmarcadas dentro de la Caja Verde del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC (no dañinas o en grado mínimo) por ayudas de Caja Ámbar, que poseen significativos efectos de distorsión del comercio. En algunos casos los países podrían vincular a la producción hasta el 15% de los subsidios otorgados en el período anterior. Incluso existiría la posibilidad de aumentar este porcentaje, previa autorización de la Comisión. Finalmente, no existirán límites a las ayudas que podrá recibir un agricultor, aunque los pagos superiores a los 150 mil euros se reducirán en un 5%, y podrán ser redistribuidos entre pequeños agricultores. A su vez, se eliminarán las cuotas de producción en azúcar, lácteos y vinos, y se implementarán programas de seguros para cultivos y una nueva herramienta de gestión de riesgos. En los próximos meses se sucederán decisiones a nivel europeo relacionadas con la implementación de la nueva PAC. Además, resta observar que opciones tomarán los diferentes Miembros, dado que se les ofrecen flexibilidades para decidir entre diferentes esquemas de pagos. Esto será clave para conocer el real impacto de la reforma.
Leer en pdf »