La presidenta brasileña Dilma Rousseff nombró como nueva ministra de Agricultura del país a la senadora Katia Abreu, quien fuera la presidente de la Confederación Nacional de Agricultura, el organismo gremial responsable de congregar asociaciones y líderes políticos y rurales en Brasil.
Fue electa senadora en 2006 y ha impulsado la reforma de un conjunto de leyes que dictaban la cantidad mínima de bosques que debían quedar intactos en los campos, argumentando que el viejo «código forestal» impedía la inversión en un sector que representa un cuarto de la economía de Brasil. Asimismo respaldó una medida en 2009 para normalizar los derechos de propiedad de tierras en la Amazonia que, según los ambientalistas, llevaría a un retroceso aún mayor de la selva. También es conocida por defender a campesinos con establecimientos familiares de pequeña escala, al igual que a las grandes plantaciones de soja que se han multiplicado por el interior de Brasil en las últimas dos décadas.
Dentro de sus primeras medidas se encuentra el proyecto de un amplio programa de movilidad social rural, con el que buscará promover el ascenso a la clase media de 700.000 campesinos. Un número más que importante si se considera que Brasil tiene unos 3,5 millones de productores rurales, de los cuales apenas 700.000 integran la llamada clase media rural.
Otro de los objetivos es aumentar las exportaciones agrícolas hacia Estados Unidos, la UE, Rusia y China, que ya están entre los grandes mercados de Brasil, pero también ampliar su presencia en Asia y África. En este marco, se propone una férrea y persistente defensa y promoción de las virtudes de la carne brasileña en el exterior, principalmente en mercados latinoamericanos como México y Chile.
Otra de las medidas tiene por objeto impulsar la exportación de bienes agropecuarios a través de puertos de las regiones Norte y Noreste de Brasil, buscando reducir los costos de transporte de la producción en momentos en que el país recolecta la mayor cosecha de su historia, en torno a las 200 millones de toneladas de granos.
Finalmente, con los aportes del sector privado, se trabajará para crear un Plan Estratégico «Agro + 20», que incluya metas y proyecciones para el agro brasileño en las próximas dos décadas.
Respecto del Mercosur, resaltó que trabajará para preservar los «avances» logrados en el mismo, pero también para que el bloque «no sea un peso» a la hora de negociar nuevos acuerdos comerciales. Explicó que una de las metas del gobierno es buscar ampliar los horizontes comerciales para los productos agrícolas y fortalecer su presencia en mercados tradicionales.
Asimismo se ampliarán los créditos y la asistencia técnica a los pequeños productores, así como trazará un plan para la mejor distribución de sus productos, lo cual promoverá en el campo un proceso de ascensión social similar al experimentado en los sectores urbanos del país en la última década.
Precisamente, en materia de subsidios para el agro, es destacable como Brasil ha aumentado su utilización en los últimos años. Hacia finales de enero se conoció la notificación de ayuda interna a la OMC –ayudas otorgadas por el gobierno hacia el sector agrícola-, relativa al periodo 2012/13, la cual alcanzó los 9,7 mil millones de dólares, bastante importante si se considera que en 2004-05 rondaba los 4 mil millones.
De dicha ayuda, el 72% (6.200 millones) corresponde a pagos de «caja verde», es decir, aquellas medidas consideradas mínimamente distorsivas por OMC y sin límites de otorgamiento. Dentro de la misma el foco principal estuvo en la categoría de Servicios generales, con casi 3,8 mil millones, que incluyen servicios de extensión, investigación, infraestructura, control de plagas, proyectos de desarrollo rural, entre otros. Luego lo completaron las categorías de Ayuda alimentaria interna (1,6 mil millones), Programas gubernamentales de seguros agrícolas (426 millones) y Existencias públicas con fines de seguridad alimentaria (317 millones).
Por el lado de las ayudas más distorsivas (Caja ámbar), el monto notificado fue cercano a los 2.400 millones de dólares, de los cuales 2.100 fueron a pagos no específicos y el resto a específicos (320 millones, siendo la caña de azúcar el principal beneficiado con 224 millones. Todas estas ayudas distorsivas cayeron dentro de la categoría “de minimis”, dado que no superan el valor del 10% de la producción agrícola, como señala la OMC. En caso de superarlo deberían asumirse compromisos de reducción o incluso se trataría de subsidios prohibidos.
Si bien históricamente se ha criticado el nivel de ayudas otorgado en países europeos o en Estados Unidos, paulatinamente diversos países en desarrollo como el propio Brasil, China e India, entre otros, se han convertido en grandes subsidiadores del sector agrícola.
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