Tras más de cuatro años de bloqueo y después de haber sido aprobado por el Consejo de la UE, finalmente el pasado 13 de enero, el Parlamento Europeo aprobó una enmienda al sistema de aprobación de OGM para el cultivo en territorio de la UE. La nueva disposición, que entrará en vigor la próxima primavera (boreal), recibió 480 votos a favor, 159 en contra y 58 abstenciones.
Hasta antes de la reforma, el procedimiento iniciaba con una propuesta de aprobación de OGM por parte de la CE, la cual se realiza en base a las recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre garantías para la salud pública y el medio ambiente. De allí pasa al Consejo de Ministros, donde no se ha logrado en ninguna ocasión un acuerdo para autorizar o rechazar un OGM. Para lograrlo se requiere contar con una mayoría calificada. De esta manera, desde que en 2004 se levantara la moratoria contra la aprobación de nuevos OGM, todos los expedientes han sido autorizados de manera unilateral por la CE al no darse una mayoría de países ni a favor ni en contra.
Sin embargo, diversos países, como Francia, Austria, Luxemburgo, Grecia o Hungría, cuentan con medidas nacionales contra el cultivo de transgénicos aunque están autorizados a nivel europeo, lo que crea ciertas dificultades legales.
La reforma a la legislación mantiene el sistema de aprobación pero autoriza a que, una vez que un producto es aprobado para su cultivo, cada país pueda tomar la decisión de plantarlo o, por el contrario, vetarlo. Esto implica que los estados miembros pueden prohibir los OGM por motivos de política diferentes a los riesgos para la salud o el medioambiente ya citados por la EFSA. Los países que quieran prohibirlos podrán alegar causas como la ordenación urbanística y territorial, el impacto socioeconómico, el hecho de evitar la presencia de OGM en otros productos y motivaciones de política agrícola.
La legislación también establece un procedimiento que permitirá a las compañías de cultivo de OGM consentir estas restricciones en su licencia de comercialización antes de que el Estado miembro adopte tales medidas. No obstante, los países pueden imponer una prohibición de forma unilateral aunque la compañía no esté de acuerdo.
Asimismo, los estados miembros tendrán que garantizar que los cultivos OGM no contaminan otros productos y prestar especial atención para prevenir la contaminación transfronteriza.
En la actualidad sólo se cultiva un OGM en la UE: el maíz resistente a los insectos MON 810 de Monsanto.
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