El presidente norteamericano, Barack Obama, promulgó dos leyes de gran significancia para el comercio global, que fueron aprobadas en el poder legislativo por representantes de ambos partidos, cubriéndose temas que llevan años de intenso debate tanto en el Capitolio como en la opinión pública.
La primera de ellas es la Trade Promotion Authority (TPA), conocida también como “vía rápida” para acuerdos comerciales. A través de ésta el Congreso define las prioridades y objetivos que los negociadores deben llevar adelante, obligándose luego a aprobar o rechazar como un todo el acuerdo alcanzado sin la posibilidad de realizar enmiendas. Ello le daría a los negociadores de otros países un mayor incentivo para mejorar sus ofertas. De ese modo, se espera que la TPA genere el impulso necesario para concluir el Acuerdo Transpacífico (TPP).
Según un comunicado de la Casa Blanca, gracias a la nueva legislación el TPP podría incluir elementos de protección a los trabajadores como salario mínimo, prohibición del trabajo forzado y reglas sobre riesgos laborales. Se incluirían, además, medidas medioambientales y se permitiría la publicación del texto del acuerdo en negociación.
La segunda ley es un paquete que incluye una serie de programas que apoyan el crecimiento de África y Haití, un esquema de ayuda para trabajadores afectados por acuerdos comerciales, disposiciones sobre las investigaciones para la aplicación de medidas de defensa comercial, y la ansiada renovación del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). (Ver “La vuelta de las preferencias (pero no para Argentina)” en este boletín).
Es importante mencionar, sin embargo, que la renovación de la TPA no implica el cierre de negociaciones. Si bien podría significar el ingreso a su fase final, aún existen diferencias por superar en las iniciativas más importantes en las que está involucrado EE.UU., como el TPP y el TTIP (Acuerdo Transatlántico).