La Comisión Europea (CE) informó al Consejo sobre una propuesta de Reglamento relativa a la posibilidad de que los Estados Miembro restrinjan o prohíban el uso de alimentos y piensos modificados genéticamente (Ver Boletín Nº148).
Debe recordarse que ya existe una norma que permite a los estados de la UE prohibir el cultivo de OGM, incluso cuando han sido autorizados por el ejecutivo comunitario. De hecho, Escocia ha decidido prohibir el cultivo de OGM en su territorio, con el declarado fin de preservar su “estatuto verde y limpio”. Según ha comunicado, el Gobierno presentará una solicitud para que se excluya a Escocia de cualquier autorización europea para el cultivo de OGM, incluyendo la variedad de maíz genéticamente modificado que ya está aprobada y otros seis cultivos OGM que se encuentran a la espera de autorización.
Durante el cambio de impresiones que siguió a la propuesta de la CE, la mayoría de los Miembros manifestaron su inquietud por la misma. Muchos consideraron que el nuevo proceso podría debilitar el mercado único y señalaron que entraría en contravención con los compromisos internacionales de la UE. Se cuestionó la seguridad jurídica de las cláusulas de exclusión voluntaria a que podría acogerse un determinado Estado y se lamentó que no se hubiera preparado ninguna evaluación de impacto junto con la propuesta.
Fernand Etgen, ministro de Agricultura de Luxemburgo –país que ostenta la presidencia del Consejo este semestre-, señaló que el debate mantenido sobre la propuesta mostraba claramente que se trata de un asunto aún muy sensible en la UE. Como paso siguiente, la Presidencia ha encomendado a un grupo de trabajo del Consejo la misión de estudiar los aspectos técnicos de la propuesta.
Del otro lado del Atlántico, el Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que planea revisar y actualizar el sistema de evaluación de los transgénicos. Hay coincidencia en el sector privado respecto de la necesidad de actualizar la política que rige las evaluaciones de seguridad en plantas, microorganismos y animales que se desarrollan a partir de la ingeniería genética.
El actual sistema fue puesto en marcha en 1986, por medio del Marco Coordinado para la Regulación de la Biotecnología, con el objetivo de garantizar la seguridad de los alimentos modificados genéticamente. Debe señalarse que la última actualización de esta norma se realizó en el año 1992.
Para el Ejecutivo estadounidense, la complejidad del conjunto de reglamentos y documentos de orientación desarrollado por las tres agencias federales con jurisdicción sobre productos de la biotecnología, la EPA (Agencia de Protección Ambiental), la FDA (Agencia de Alimentos y Medicamentos) y el USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos), dificulta que el consumidor entienda cómo se evalúa la seguridad de los productos biotecnológicos, así como los procesos que se llevan a cabo para la regulación de los alimentos transgénicos. Se busca mejorar la confianza pública en el sistema regulatorio, como así también la previsibilidad, la coordinación, la transparencia y la eficiencia del sistema de regulación biotecnológica.
Inicialmente se actualizará el marco coordinado entre las tres agencias citadas, aclarando qué funciones y responsabilidades tiene cada una en el proceso regulatorio. Así mismo se definirá cómo deben trabajar de forma coordinada para regular los nuevos productos modificados genéticamente. La administración elaborará una estrategia a largo plazo a fin de garantizar que el sistema de regulación federal estará preparado para evaluar de forma eficaz los riesgos asociados a los productos biotecnológicos. Se desarrollarán nuevas herramientas para ayudar a las pequeñas empresas que se dedican a la biotecnología y se mejorará la comunicación sobre las actividades regulatorias.
Además, se encargará un análisis independiente sobre el panorama futuro de los productos biotecnológicos. Ya se ha pedido a las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina que realicen este análisis. La revisión será clave para la elaboración de políticas futuras. Debido al rápido avance de la biotecnología, un análisis externo de este tipo se realizará al menos cada cinco años.
Ambos países (o bloques, en el caso de la UE) se encuentran negociando el Acuerdo Transatlántico y la cuestión OGM es central en el capítulo agrícola. No debe extrañarse que los diversos movimientos en dicha área tengan correlación con las negociaciones de dicho tratado.