Se comenzó a materializar una guerra comercial entre EE.UU. y China, con fijaciones mutuas de aranceles y acusaciones cruzadas de violación de las normas de la OMC. Es posible imaginar algunas oportunidades para terceros países pero el resultado neto difícilmente sea positivo para ningún actor.
La latente amenaza de una guerra comercial entre EE.UU. y China cobró nueva dimensión en el mes de marzo ante nuevos aranceles implementados por el gobierno de Trump, y las correspondientes respuestas por parte de China.
El primer capítulo tuvo como protagonistas al acero y al aluminio, productos que fueron analizados por el Departamento de Comercio de EE.UU. concluyendo que su importación representaría una amenaza a la seguridad nacional.
Como resultado, EE.UU. decidió la imposición de aranceles de 25% y 10% (respectivamente) a las importaciones de estos productos, exceptuando a sus socios del NAFTA. Posteriormente, y ante reclamo de las contrapartes, incorporó a las excepciones a Argentina, Australia, Brasil, Corea del Sur y la Unión Europea. El argumento para Argentina se basó en un “importante relacionamiento en temas de seguridad”, en particular el compromiso de “apoyo mutuo ante la amenaza provocada por la inestabilidad en Venezuela”. Otros factores fueron el compromiso para enfrentar el exceso en la capacidad productiva de acero, inversiones recíprocas existentes, y el grado de integración económica. De todas formas, la excepción se calificó de temporaria, de manera que las negociaciones continúan.
Ante la situación, China interpretó la medida de Trump como una salvaguardia, y se arrogó el derecho a buscar una compensación, razón por la cual respondió con un incremento en los aranceles de 15% para frutas, nueces, vinos, y acero entre otros productos provenientes de EE.UU. Ante un total de 2.515 millones de dólares de importaciones desde China afectadas por la medida estadounidense, la medida del país asiático buscó abarcar un número comparable, 2.746 millones de dólares. El Embajador de la Misión Permanente de EE.UU. ante la OMC comunicó a su par Chino que la política aplicada por su país no se corresponde con el Acuerdo de Salvaguardias. Hizo referencia, en cambio, al Artículo XXI del GATT 1947 (“Excepciones Relativas a la Seguridad”) y a su posterior interpretación (1982).
Los terceros países tampoco permanecieron estáticos ante la situación. Por ejemplo, la Comisión Europea inició una investigación por salvaguardias para las importaciones de acero, temiendo un incremento excesivo por desvío de comercio, pudiendo eventualmente aplicar aranceles o cuotas, aunque prometiendo seguir estrictamente las normas multilaterales.
El segundo episodio comenzó a gestarse en realidad desde agosto del año pasado, cuando Donald Trump solicitó a la oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR) una investigación sobre las políticas y prácticas chinas de transferencia de tecnología, propiedad intelectual e innovación. Como resultado del análisis, el organismo acusó severamente al país asiático de llevar a cabo una serie de actos discriminatorios que dañarían a la economía de EE.UU. en 50 mil millones de dólares anuales:
- La utilización de requerimientos de “joint ventures”, y otras restricciones a la inversión extrajera para forzar a la transferencia de tecnología desde compañías de EE.UU.
- El uso de procesos de licencia discriminatorios.
- El direccionamiento de inversiones y adquisiciones que generan transferencia de tecnología de gran escala.
- El apoyo a intrusiones cibernéticas en redes informáticas de EE.UU. para obtener acceso de información valiosa.
A partir de esto, el presidente Trump tomó tres cursos de acción simultáneos. En primer lugar, el país norteamericano confrontaría a China ante la OMC por prácticas discriminatorias referidas a las licencias de tecnologías. En segundo lugar, instó a varias oficinas de su administración a proponer medidas para contrarrestar las prácticas mencionadas en materia de inversiones. Por último, ordenó al USTR elaborar un listado de productos chinos para aplicarles un arancel ad valorem de 25%, por un valor de comercio similar al mencionado daño económico. La lista preliminar incluye productos de la industria química, aeroespacial, informática, comunicación y maquinaria, y entraría en vigor una vez finalizada la etapa de 30 días de consulta. La respuesta de China no se hizo esperar, presentando un listado de 106 productos que gravarían con un arancel de 25%, incluyendo la soja, automóviles, químicos y aeronaves, de manera automática en caso de que EE.UU. decida proseguir con tal medida.
Asimismo, el gobierno chino ha solicitado la celebración de consultas con los Estados Unidos en el marco del mecanismo de solución de diferencias de la OMC con respecto a las medidas arancelarias de este último. Si no se logra una solución, podría desembocar en un panel que determine sobre la legalidad o no de la medida.
No todas las cartas están jugadas, y a lo largo del mes deberían verse los vaivenes de una negociación entre ambos países. En última instancia, la estrategia estadounidense busca rebalancear el comercio entre ambos países, reduciendo el déficit existente. Si se toma como referencia el promedio 2014-2016, EE.UU. exportó a China bienes por 118 mil millones de dólares anuales, mientras que importó desde ese origen 491 millones. Por otra parte, el país norteamericano representó un 18% de las exportaciones Chinas, mientras que el país de Asia totalizó un 8% del total de las ventas de EE.UU. Esta configuración aparece como tentadora para que EE.UU. busque forzar una negociación.
En suma, el temor a una guerra comercial está bien establecido. Es posible imaginar algunas oportunidades para terceros países, como Argentina o Australia, por ejemplo, para colocar productos agroindustriales como soja o vino en el mercado asiático ante el vacío que dejaría EE.UU. Sin embargo, el resultado neto en caso de que finalmente se desarrolle un conflicto de mayor escala difícilmente sea positivo para ningún actor.
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