Al no alcanzarse un acuerdo vinculante frente al cambio climático, en la última Cumbre de Copenhague, la opción de recurrir a medidas en frontera para reducir emisiones de GEI han sido nuevamente puestas en el tapete. Tanto economistas como ecologistas han sostenido que un impuesto a las emisiones de GEI puede ser una alternativa efectiva para corregir prácticas contaminantes, al tiempo que señalan que lo recaudado mediante este gravamen debería ponerse disposición de los países en desarrollo para financiar el salto tecnológico necesario para modernizar sus economías y reducir sus contribuciones al calentamiento global. Se afirma que las consecuencias climáticas de las emisiones de GEI son iguales en todo el mundo, independientemente de dónde sea emitido. Esta postura, con importantes aportes del ámbito académico europeo, considera que cada emisor debería pagar la misma tasa por tonelada de carbono, sin importar si se trata de uno en un país industrializado o en un país en desarrollo, o de las cantidades que haya arrojado en el pasado. En ciertos países europeos, como Irlanda o Francia, ha dejado el campo de las ideas para ser llevada a la práctica. Por ejemplo, el gobierno irlandés introdujo en diciembre un gravamen que alcanza inicialmente al consumo de petróleo y gasóleo, pero que a partir de mayo de 2010 la tasa de 15 euros (22,50 dólares) por tonelada emitida de CO2 se aplicará también al consumo de combustible de calefacción y de gas. Por el lado del gobierno francés, se decidió en los primeros días de enero la creación de un nuevo impuesto nacional a la emisión de CO2 para luchar contra el calentamiento global, el cual entraría en vigor en julio de este año. Frente a estas medidas, el recientemente designado comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, se ha manifestado contrario a dichas regulaciones, las cuales considera que pueden generar una “guerra comercial”. Sostuvo que no debía dejarse de lado la preocupación justificada en torno al clima y el medio ambiente, pero que los ajustes en frontera no le parecían el enfoque correcto para tratar la cuestión. En el mismo sentido se pronunció el Director General de la OMC, Pascal Lamy, al señalar que mientras mas se avanzara hacia la concreción de acuerdos multilaterales, quedaría cada vez menos espacio para la aplicación de medidas unilaterales como los ajustes en frontera. También ha recibido críticas por parte de ciertos economistas y por gobiernos de países emergentes, como China. Para este ultimo, el gravamen ignora las diferentes responsabilidades de países industriales y en desarrollo en el calentamiento global, cuestión mas que importante para el país asiático. Desde el ámbito académico se ha señalado que el impuesto al CO2 podría llevar a que los países productores de petróleo o de carbón aceleraran la extracción de tales combustibles, aumentando así la contaminación. Se coincidió en señalar que el sistema de derechos de emisiones negociables es preferible, pues permite un control inmediato de los presupuestos nacionales de emisiones. Sin embargo, es acertado señalar que los derechos de emisión (que en la práctica funcionan como permisos limitados para contaminar) deben superar dos obstáculos. En primer lugar, la comunidad internacional debería adoptar un sistema vinculante de adjudicación, sea de acuerdo a la población nacional (lo que favorecería a los países en desarrollo), o de acuerdo al rendimiento económico (que beneficiaría a las naciones industriales). El segundo, que el mercado sea también global. 
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CAMBIO CLIMÁTICO – MEDIDAS EN FRONTERA
