El pasado 31 de enero finalizó el plazo fijado por el Acuerdo de Copenhague para que los países establecieran diversos objetivos para combatir el cambio climático. De las 194 naciones miembros, solo 55 presentaron sus promesas de reducción al Secretariado de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (UNFCCC). De todas maneras, estas representan un 78 por ciento de las emisiones generadas por el uso de la energía. Las notificaciones se dividen en dos grupos. Por un lado, se encuentran aquellos países, generalmente desarrollados, cuyos compromisos se basan en reducciones de emisiones para 2020; y por el otro, aquellos países que adoptaran acciones de mitigación. En el primer grupo están: Australia (entre un 5 y un 25 por ciento respecto a los niveles de 2000), Canadá (17 por ciento respecto a 2005), Croacia (5 por ciento respecto a 1990), Unión Europea (entre un 20 y un 30 por ciento respecto a los niveles de 1990), Japón (25 por ciento respecto a 1990), Kazajstán (15 por ciento respecto a 1992) , Nueva Zelanda (entre un 10 y un 20 por ciento respecto a 1990), Noruega (entre un 30 y un 40 por ciento respecto a 1990), Rusia (entre un 15 y un 25 por ciento respecto a 1990) y Estados Unidos (17 por ciento respecto a 2005). La mayoría de estos han condicionado sus compromisos a la consecución de un tratado internacional. El segundo grupo lo conforman Brasil, China, Costa Rica, Etiopía, Georgia, India, Indonesia, Israel, Jordania, Macedonia, Madagascar, Maldivas, Islas Marshall, Moldavia, Marruecos, República del Congo, Republica de Corea, Singapur, Sierra Leona y Sudáfrica. Ante la falta de notificaciones por parte de un gran numero de países, la ONU ha señalado que el plazo es flexible y otros podrán presentar planes posteriormente. El aspecto ha resaltar de estas notificaciones es que se trata de objetivos nacionales de carácter voluntario, que no crean una obligación legal de carácter internacional, sea para países en desarrollo como para desarrollados. De todas maneras, el hecho de notificar dichos planes representa un voto de confianza al Acuerdo de Copenhague y revela cierta intención de que en la próxima reunión, a desarrollarse en México a fin de año, se logre el mentado acuerdo vinculante. Finalmente, es importante señalar que los signatarios del acuerdo convinieron que no deberían permitir que la temperatura global se elevase más que 2º C por encima de los niveles preindustriales (sobre 1,2º C encima del nivel actual). A fin de alcanzar este objetivo, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) ha estimado que los países industrializados en su conjunto deberían recortar entre 25 y el 40 por ciento de sus emisiones para 2020 y al menos un 80 por ciento para 2050. De todas maneras, las negociaciones en torno al medio ambiente parecen no haberse estancado, sino que han continuado en otros ámbitos. Por un lado, los ministros de medio ambiente de Brasil, China, India y Sudáfrica (que son cuatro de los emisores de gases de efecto invernadero de crecimiento más acelerado) se reunieron en Nueva Delhi el pasado 25 de enero para discutir su estrategia para las negociaciones sobre cambio climático de este año. En la misma solicitaron la pronta entrega de los 10 mil millones de dólares en ayuda que los países ricos habían prometido brindar durante este año, al tiempo que también acordaron establecer un propio fondo para apoyar a los países menos adelantados y a las pequeñas islas a encarar el tema del cambio climático. Se señaló que las conversaciones de este año deben proseguir en dos vías: el Grupo de Trabajo sobre Acción Cooperativa a Largo Plazo (AWG-LCA) y el Grupo de Trabajo del Protocolo de Kyoto para mayores compromisos de reducción de los países desarrollados (AWG-KP). Finalmente, pidieron al gobierno de Dinamarca que convoque a reuniones para ambos grupos durante el mes de marzo. Debe señalarse que estos deben reunirse por lo menos cinco veces al año antes de que las Partes se vuelvan a congregar en la 16ª Conferencia, que tendrá lugar en Cancún (México) del 29 de noviembre al 10 de diciembre. Asimismo, estos países han anunciado medidas unilaterales de reducción. En el caso de Brasil, se sancionó la ley de Cambio Climático, que define las metas nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, entre 36,1% y 38,9% hasta el año 2020. Dicha legislación debe aun ser reglamentada para la determinación de las responsabilidades y acciones de cada sector de la economía (agricultura, industria, energía, medioambiente). China ha hecho lo propio al reiterar su determinación de cumplir con sus planes de mitigación de emisiones, agregando que está considerando reportar su progreso reciente en la reducción de emisiones al Secretariado de la UNFCCC. En tanto, de los países desarrollados deben destacarse algunas cuestiones. Por el lado de la UE, de las reuniones realizadas por los ministros de Medio Ambiente se estableció un porcentaje de reducción del 20 por ciento, mientras que se supeditó la ampliación del compromiso al 30 por ciento a que los demás países hicieran «esfuerzos comparables». Frente a esta postura, los grupos ambientalistas señalaron que la UE debería procurar un objetivo de reducción del 30 por ciento como mínimo en las emisiones derivadas de la quema de combustibles fósiles, sin importar lo que hagan otros grandes actores de la economía mundial. Agregan que la táctica del bloque de incitar a terceros a imitar sus medidas no ha dado resultado, y que es hora de guiar con el ejemplo. Sin embargo, desde el Consejo Europeo de la Industria Química, una de las mayores asociaciones industriales establecidas en Bruselas, se instó al bloque regional a abstenerse de fijar objetivos más ambiciosos que los ya acordados para reducir las emisiones de GEI. Esta asociación justificó su postura señalando que las medidas unilaterales más amplias de la UE colocarían a las industrias europeas (que requieren mucha energía) en una desventaja competitiva con respecto a sus pares de otras regiones. Finalmente, en Estados Unidos, a pesar de los esfuerzos y pedidos de su presidente, Barack Obama, se encuentra cada vez más lejana la aprobación de una legislación medioambiental. Debe recordarse que cuando Obama se comprometió oficialmente a realizar los recortes de emisiones propuestos en la conferencia de Copenhague en diciembre (cuatro por ciento por debajo de los niveles de 1990 para 2020), hubo una importante aclaración: cualquier compromiso estaría sujeto a una legislación en el Congreso. En este ámbito, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley en junio de 2009 sobre un sistema que limitaría y establecería un precio a las emisiones de gases invernadero en el país. Sin embargo, un creciente número de senadores, tanto republicanos como demócratas, favorecen la llamada “ley de sólo energía”, que no establecería límites a las emisiones, sino que solamente les asignaría un precio.
Leer en pdf »