El 22 de abril se celebró en Bolivia, la Conferencia de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra por iniciativa del presidente Evo Morales. En la misma, varios líderes latinoamericanos exigieron a los países industrializados que reduzcan a la mitad sus gases de efecto invernadero de aquí al 2020. El propio Morales destacó que la diferencia entre esta reunión y la realizada en Copenhague ha sido que en la cita boliviana se discutieron las causas del cambio climático y no solo los efectos. Posteriormente, tras una reunión con el presidente boliviano Evo Morales, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, se comprometió a considerar las conclusiones de la Conferencia celebrada en Bolivia. El mandatario boliviano entregó el documento aprobado por 35 mil representantes de movimientos sociales y pueblos indígenas de más de 150 países de cinco continentes, reunidos en Cochabamba entre el 20 y 22 de abril último. Por otro lado, los ministros de Medio Ambiente del grupo conocido como BASIC (Brasil, China, India y Sudáfrica) defendieron la necesidad de aprobar un acuerdo global y vinculante para combatir el cambio climático en Cancún (México) en 2010 o, como muy tarde, en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) en 2011. Los ministros abogaron por invertir 10.000 millones de dólares en financiación a corto plazo, que se utilizarían este mismo año para comprobar las posibles acciones de mitigación para paliar el calentamiento global. Uno de los principales aspectos de la declaración apuntó a que el mundo no podía esperar por tiempo indefinido a que Estados Unidos, el segundo mayor emisor de CO2 tras China, apruebe una ley interna que permita seguir adelante con las negociaciones. Respecto a esta cuestión, el senador demócrata John Kerry y el senador independiente Joe I. Lieberman presentaron un proyecto de ley sobre energía y cambio climático. El proyecto presentado contaba inicialmente con el patrocinio del senador republicano Lindsey Graham, quien abandonó las negociaciones ante desacuerdos sobre otro asunto diferente, la reforma migratoria, que él impulsaba. El proyecto sigue a la posición oficial que Estados Unidos ha presentado en el ámbito internacional, a fin de reducir sus emisiones de dióxido de carbono en un 17 por ciento para 2020, sobre los niveles de 2005. El mismo presenta un programa de compensaciones que permite a los contaminantes recibir el crédito de reducciones de emisiones. Asimismo, asignaría más concesiones de emisiones a ciertas industrias para proteger y promover empleos en fábricas estadounidenses y prevenir la “fuga de carbón” hacia otros países con menores requerimientos ambientales. El proyecto incluye «medidas de frontera» -también conocido como tarifas de carbón- sobre importaciones de los países que no han promulgado regulaciones estrictas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. A fin de justificar estas medidas, representantes de la siderurgia estadounidense, señalaron que el escape de emisiones y empleos puede minar los objetivos económicos y ambientales de la legislación sobre clima y energía. También incluye la expansión de la exploración petrolera en aguas profundas, algo que apoyan el senador Lindsey Graham y otros republicanos, pero que mantiene divididos a los demócratas. En tanto, del 2 al 4 de mayo se celebró una reunión informal de la ONU en Alemania. El objetivo de la cita, a la que asistieron 45 delegaciones ministeriales, fue promover avances en las negociaciones sobre cambio climático de cara a la próxima cumbre de Cancún programada del 29 de noviembre al 10 de diciembre donde se intentará definir un pacto global de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Según señaló Yvo de Boer, máximo responsable del clima en la ONU, tras la reunión se logró restablecer la confianza entre los negociadores, aunque no se lograron avances. Para de Bóer, las negociaciones de este año tienen que versar sobre acciones de mitigación (por ej. reducción de emisiones), un paquete sobre adaptación, un nuevo mecanismo de tecnología, disposiciones financieras, estudiar diferentes modos de lidiar con la deforestación y la concreción de un marco para la creación de capacidades. De todas formas, los gobiernos han comenzado a minimizar la posibilidad de lograr un acuerdo global, que reemplace al de Kyoto este año. Por el lado europeo, la Comisaria para cambio climático de la Unión Europea, Connie Hedegaard, advirtió que tratar de forzar un acuerdo en diciembre de 2010 durante la Conferencia de Cancún, podría ser contraproducente, pues un fracaso en esa instancia podría causar que los negociadores desistan del proceso llevado adelante en el marco de la ONU. Asimismo, el presidente del Comité de Medio Ambiente, Jo Leinen, ha señalado la necesidad de contar con un “Plan B”, para el caso de que las negociaciones en la ONU no logren su cometido. Una de las propuestas seria la concreción de acuerdos sectoriales sobre recorte de emisiones, entre países activos en un campo dado, como por ejemplo la fabricación de automóviles. Mientras tanto, el G-77 y China mantienen su apoyo a que las negociaciones de cambio climático permanezcan dentro del articulado de ONU, siguiendo con el Plan de Acción de Balí como guía para las conversaciones. Debe señalarse que la próxima ronda de negociaciones formales de la ONU tendrá lugar del 31 de mayo al 11 de junio en Bonn (Alemania). Finalmente, la ONU nombró el 17 de mayo a la costarricense Christiana Figueres como la nueva jefa de cambio climático del organismo, en reemplazo del holandés Yvo de Boer, quien dejará el cargo a partir del 1 de julio. Según indicó el portavoz de la ONU Martin Nesirky, “Figueres es una líder internacional en estrategias para responder al cambio climático global y trae a esta posición una pasión por el tema, profundo conocimiento de los participantes y valiosa experiencia práctica con el sector público, sector sin fines de lucro y sector privado”. Como antecedente se puede destacar que Figueres ha presidido las conversaciones para aumentar la transparencia en el mercado global de compensaciones de carbono bajo Kioto, que entrega cerca de 6.500 millones de dólares anuales para ayudar a los países en desarrollo a reducir las emisiones de carbono. 
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CUMBRE DE CAMBIO CLIMÁTICO
